Tras el escándalo que desató el desplazamiento de Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación, el kirchnerismo salió a poner paños fríos y negó que se busque desconocer su trabajo en el organismo estatal o que se intente ocultar los informes presentados por lo que ratificó que la oposición debe conducir ese organismo.

De esta manera, el auditor general de la Nación Javier Fernández reiteró que el organismo “debe ser conducido por la oposición”. Y aclaró que los informes que se realizaron son válidos.

Afirmó, además, que en el caso de que finalmente su salida se concretara, el vice del organismo, el también radical Horacio Pernasetti, seguiría sus pasos.

Javier Fernández es quien seguiría en la línea de jerarquía para ocupar la presidencia de la auditoría. Sin embargo, fue claro en remarcar que el artículo 85 de la Constitución Nacional señala que el titular “tiene que ser designado por el partido de oposición con más miembros en ambas cámaras”.

El funcionario, que hizo esas declaraciones con radio América, se mostró así en línea con otras voces del oficialismo que han subrayado que la UCR debe proponer un nuevo postulante. Incluso han aceptado que Despouy sea el candidato, ya que no existe reglamentación que se lo impida.

Fernández rechazó la versión de que podrían ser invalidados los informes firmados por Despouy desde marzo de 2010, cuando supuestamente venció su mandato. “El ciento por ciento de los informes son aprobados por la mayoría absoluta de los siete miembros”, sentenció.

Advirtió, en ese sentido, que las auditorías correspondientes al accionar de TBA caso que Despouy denunció como detonante de la “maniobra” en su contra- “fueron aprobadas por los siete miembros”, con lo que no correría peligro su validez. No obstante, el auditor se desentendió de la discusión sobre la validez de la gestión de Despouy y se limitó a remarcar que seguirá trabajando.