Gustavo D"Elía, abogado de Gabriel “Payaso” Sánchez, uno de los detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, anticipó ayer que solicitará que la Justicia impute por “falso testimonio agravado” al testigo Alfonso Severo, quien estuvo secuestrado el día anterior al que debía declarar en el juicio por el caso.

Argumentó que Severo, exempleado ferroviario, permanece “imputado” en una causa radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 4 de Avellaneda, donde se lo acusó de “haber inventado el atentado contra su domicilio con disparos de arma de fuego”.

El letrado, en ese sentido, puso en duda la veracidad de una “nota” que presentó el exempleado ferroviario, quien dijo ante los tribunales que la colocaron en el “buzón” de su vivienda en medio del presunto ataque y que contiene las identidades de los supuestos responsables del crimen, entre las que se encontraba la de Sánchez.

“Con respecto al testigo Alfonso Severo, mi defensa va a solicitar el falso testimonio agravado porque Severo tiene una causa en calidad de imputado en la UFI 4 de Avellaneda, en la que se le imputa haber inventado el atentado contra su domicilio con disparos de arma de fuego”, adelantó D'Elía.

El abogado añadió que el exempleado ferroviario, “en el debate (por el juicio por el homicidio de Ferreyra), acompañó su testimonio con una nota que dice que le dejaron en el buzón de su domicilio con los presuntos autores (del asesinato), entre los que está mi defendido”.

“También, están Pablo Díaz, Cristian Favale, Juan Carlos Fernández y (el jefe sindical) José Pedraza”, rememoró y agregó que, “con esto, Severo está agravando la imputación de los mencionados con una prueba documental que, supuestamente, le dejaron en su domicilio”.

D"Elía añadió que, “en la causa de la UFI 4, dicen los que denunciaron (al exempleado ferroviario) que nunca existió el atentado y que fue armado por Severo, y por una persona de (la empresa concesionaria) Ferrobaires”.

El caso

Por el homicidio de Ferreyra, permanecen detenidos y en proceso de juicio 10 ferroviarios, entre ellos el líder del sindicato Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, acusado de instigar el asesinato, y siete oficiales de la Policía Federal a los que se les imputa haber liberado la zona, pero siguen en libertad.

El militante del PO fue asesinado el 20 de octubre de 2010 cuando apoyada una manifestación de trabajadores tercerizados que reclamaban el pase a planta permanente del Ferrocarril Roca.