Los concejales del municipio capitalino y funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial decidieron ayer no otorgar nuevas prórrogas a los transportistas escolares, en lo que respecta al cumplimiento de las ordenanzas 12211 y 14046. Esas disposiciones son las que establecen los requisitos que se deben cumplir para prestar el servicio.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se comprometió a convocar a los transportistas escolares que poseen la licencia para determinar quiénes son los que están en condiciones de desarrollar la actividad.

“Es un problema importante lo que pasa con nuestro trabajo. Nos exigen butacas, cinturones e incluso un tacógrafo que es un elemento carísimo para nosotros. Lo que van a lograr es que dejemos de trabajar y ellos van a tener que resolver cómo van a ir a la escuela los chicos”, advirtió Ricardo Rechiuto, miembro de Atesa, asociación que nuclea a los transporte escolares. Añadió que “los concejales siempre tocan el mismo tema a principio de año y deberían ocuparse también de las condiciones en las que vive la gente en Salta”.

Miguel Romero, presidente de la entidad, aseguró a El Tribuno que les exigen el cumplimiento de requisitos costosos y sobre todo contar con “coches cuyos valores se acercan a los $250.000”.

Además señalo que el año pasado el Concejo Deliberante le pidió al Ejecutivo municipal que efectúe un convenio con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que sus transportes sean revisados en los talleres habilitados, pero no se cumplió. A partir del 16 de febrero, la comuna informará cuáles son los vehículos escolares que podrán continuar con la prestación del servicio.