El juez Bonadío estableció un plazo de 30 días para concluir las pericias contables sobre los subsidios e ingresos por pasajes que recibió Trenes de Buenos Aires (TBA) desde 2007 y el destino que recibieron esos fondos, entre ellos las inversiones en el servicio. Por otro lado, el abogado Gregorio Dalbón, representante de víctimas de la tragedia, solicitó ayer que el exsecretario de Transportes de la Nación Ricardo Jaime y su superior, el ministro de Planificación, Julio De Vido, sean citados a declaración indagatoria, se les impida salir del país y se embarguen sus cuentas bancarias, ya que estaban en sus cargos en 2007.

“Dispóngase un plazo de treinta (30) días para la realización del presente peritaje”, le ordenó el viernes Bonadío al decano del cuerpo de peritos contadores oficiales de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins.

El jefe de peritos tendrá a cargo el estudio junto con otros dos expertos del máximo tribunal que sean designados. Además del análisis de los subsidios, el juez solicitó que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios a los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano. También quiere saber quiénes integraron el directorio de TBA desde 2007 hasta la fecha.