“Negro de Mierda. Peronista. Pincharrata. Abogado penalista. Orgullosamente K”. Con este ADN, ¿alguien puede dudar de las características personales del sujeto?

Estas cinco definiciones no son obra del diario Clarín ni de cualquier otro enemigo del Gobierno. Las escribió en su perfil de Facebook Víctor Hortel, el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que esta semana quedó en el ojo de la tormenta al conocerse la participación de varios presos en actividades supuestamente culturales organizadas fuera de la cárcel por la organización ultrakirchnerista Vatayón Militante.

Como ya es costumbre en los sucesivos gobiernos K, Hortel no es un funcionario convencional. Así como Guillermo Moreno apela a recursos poco ortodoxos para “controlar” la suba de precios o ponerle un cepo al dólar, Hortel aplica otros “métodos” para lograr la reinserción social de los reclusos.

Y uno de ellos consiste, más allá de los esfuerzos oficiales por desviar el debate, en reclutar internos para conformar grupos de choque bajo el signo kirchnerista.

Esa es la filosofía de Vatayón Militante, organizadora de los actos de los que participaron, entre otros, el músico Eduardo Vásquez, condenado a 18 años por el crimen de Wanda Taddei, y el barra de River Rubén “Oveja” Pintos, condenado a perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro.

Hortel defiende estas acciones por razones filosóficas y políticas. Las primeras tienen base en una teoría carcelaria a la que él adhiere y que sostiene que el sistema penitenciario solo debe restringir la libertad ambulatoria (es decir, mantener la reclusión en cárceles) lo menos posible, y garantizar a los reclusos todos los demás derechos, incluso los de asociación y expresión política. “La postura doctrinaria de hacer una mejor cárcel es una trampa, porque eso es más encierro. Es funcional a la no abolición de la cárcel. Lo que tratamos es que no sea mejor, sino que sea menos cárcel”, señaló. En esa lógica, Hortel cree que el Servicio Penitenciario debe promover relaciones con grupos políticos como Vatayón, que impulsen salidas culturales y políticas (léase “menos cárcel”).

Pero además, y aquí aparecen las razones políticas, en el mundo K no es lo mismo participar de actividades organizadas por la Juventud Radical

que hacerlo en grupos amparados por La Cámpora. “Mucho antes que funcionario soy militante”, dijo Hortel de él mismo, y eso explica la enérgica defensa que hizo de Vatayón.

La aplicación de sus verdades filosóficas y políticas llevaron a Hortel a violar la ley. Según explicó el juez más kirchnerista de la Corte, Eugenio Zaffaroni, para acceder al beneficio de las salidas de las que gozaron Vázquez y Pintos hay que tener cumplida al menos la mitad de la condena. Ninguno de ellos la tenía. Por el contrario, están a varios años de alcanzar esa instancia. Hortel debería saber que estaba violando la ley.

Es abogado y está especializado en Derecho Penal. Además, nació en una prestigiosa familia de abogados y profesionales platenses. Su padre, Eduardo Hortel, es un reconocido jurista que participó de la redacción de la reforma del Código de Procedimientos bonaerense y presidió la cámara que condenó a prisión perpetua a los expolicías Walter Abrigo y Justo José López por “torturas seguidas de muerte” contra el estudiante de periodismo Miguel Bru y al odontólogo Ricardo Barreda por el asesinato de su esposa, sus hijas y su suegra.

El jefe del Servicio Penitenciario Federal tampoco puede argumentar falta de experiencia. A lo largo de su carrera ejerció varios cargos públicos en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego desembarcó en el Ministerio de Justicia de la Nación de la mano de su titular, Julio Alak, platense como él. Según trascendió, ambos se conocieron por la participación de Hortel en la agrupación kirchnerista “Negros de Mierda”, un “colectivo político-cultural” que asiste a los actos oficialistas con sus banderas y remeras. Ese vínculo le permitió ocupar hasta el año pasado el cargo de jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos. En Justicia estrechó vínculos con el viceministro Julián Alvarez, militante de La Cámpora, y obtuvo el respaldo de esa agrupación para ser designado, en abril de 2011, al frente del Servicio Penitenciario Federal en reemplazo de Alejandro Marambio.

La violación de las normas no se agotó en las salidas antes de tiempo. La semana que termina trascendió que Hortel borró el sumario del recluso Jorge Salcedo, que está preso en Ezeiza y a quien le labraron un parte disciplinario por resistirse a una requisa en abril. La excusa para disponer la nulidad de la sanción fue que en el expediente faltaba la firma del director del penal. Salcedo es uno de los presos que participó junto al exbaterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, en un acto de Chacarita donde se cantaron consignas políticas.

Además de la transgresión de las normas, los métodos poco ortodoxos de Hortel incluyen su participación en una murga integrada por asesinos y delincuentes varios, cuyo video generó indignación en familiares de víctimas y en todo el arco opositor, que salió a reclamarle al Gobierno su separación del cargo. Aunque el oficialismo intentó desviar la atención llevando el debate a la resocialización de los internos, la participación de estos en actos políticos del oficialismo y la obtención de beneficios internos por esa participación son el corazón de los cuestionamientos. Y en esa polémica, las pruebas presentadas por la prensa son irrefutables.

Hasta cuándo podrá sostenerse Hortel en su cargo es la gran duda por estos días. Si el escándalo no decae, quizás el jefe del Servicio Penitenciario Federal tenga los días contados.