El ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió hoy que cualquier ‘agresión a un funcionario público es un acto de intimidación que pretende evitar que cumpla el mandato constitucional‘, en referencia a los cacerolazos en los domicilios particulares del juez Norberto Oyarbide y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

‘Repudio totalmente la agresión que sufrió un magistrado de la Argentina. Creo que cualquier agresión a un funcionario público es un acto de intimidación que pretende evitar que cumpla el mandato constitucional‘, sostuvo Alak al salir de un acto en los tribunales de Comodoro Py.

Además, el ministro de Justicia expresó su ‘rechazo más profundo a la agresión que sufrió Oyarbide y todo funcionario público de cualquier signo político que cumpla un mandato democrático‘, en alusión a la protesta contra Moreno, quien también fue objeto de un cacerolazo.

Alak aseguró a Noticias Argentinas que un grupo ‘de treinta blogueros y también no blogueros‘ tienen una ‘organización‘ y justificó así la denuncia penal que presentó por ‘amenazas de muerte‘, luego de que circulara un afiche con la imagen de Moreno en un féretro y con un balazo en la cabeza.

‘Por eso denunciamos, advertimos carácter mafioso‘, agregó el ministro de Justicia, quien previamente, en declaraciones radiales, evaluó que ‘las redes sociales están empezando a ser utilizadas por sectores que tienen un comportamiento fascista‘.

Esta denuncia por ‘amenazas de muerte con tono mafioso‘ contra Moreno presentada por el Ministerio de Justicia recayó este viernes en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, luego de que se excusara Oyarbide, quien había sido sorteado en primer lugar.

En la denuncia presentada por Alak, Oyarbide se excusó alegando violencia moral y garantía de juez imparcial, los mismos motivos que presentó en la denuncia de una despachante de Aduana contra el secretario de Comercio Interior tras el cacerolazo que sufriera en su domicilio de Recoleta.

Alak dijo que la denuncia ‘de ninguna manera es contra la gente‘ que realizó la protesta frente al domicilio de Moreno y aclaró que ‘no es una denuncia contra el caceroleo‘ porque ‘la línea del Gobierno no es criminalizar la protesta social‘.

Sin embargo, señaló que convocaban ‘a tal dirección a matar a un ciudadano, a matarlo, eso decían las comunicaciones‘ y sostuvo que se trata de ‘conceptos horribles‘ y ‘tenebrosos‘ por los que ‘hay que reaccionar para darle vigencia a la ley penal‘.