Mujica se agrandó. Con un fallo a favor del tribunal de La Haya que asegura que la pastera UPM no contamina, el gobierno uruguayo rechazó el ultimátum argentino y aseguró que no dará marcha atrás a la autorización de aumentar la producción de la polémica papelera.

En una extensa y formal carta firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, que desembarcó anteanoche en la Embajada argentina en Uruguay, y cuyo contenido recién se conoció ayer, Uruguay respondió punto por punto a los dichos argentinos y los negó todos, tanto el haber roto unilateralmente el acuerdo que regula la gestión bilateral del río Uruguay, como la negativa a seguir negociando e incluso que la papelera finlandesa UPM contamine realmente las aguas fronterizas.

Según informó a la prensa el vicecanciller uruguayo Luis Porto, esto implica que su país no dará marcha atrás en esta decisión y propone además continuar con las inspecciones a la planta, que ahora producirá 100.000 toneladas más.

“Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el río Uruguay”, asegura el texto difundido ayer.

Para Uruguay, Argentina dilató el proceso pidiendo reiteradamente nuevos informes con la intención de lograr “un veto implícito”, algo prohibido en los acuerdos que regulan el río fronterizo y la sentencia de La Haya sobre el asunto de 2010.

Pero, por su parte, la administración kirchnerista volvió a amenazar a Uruguay con acudir a la Corte de La Haya si el presidente José Mujica no daba marcha atrás “de inmediato” a la polémica autorización.

Confianza y politización

Ayer en Montevideo daban por descartado que el gobierno argentino terminará yendo a la Corte Internacional de Justicia y de esa manera creen que ganarán una nueva pulseada, ya que lograron que la planta no sea relocalizada, como pretendía la Argentina.
El presidente uruguayo José Mujica dilataba los tiempos al señalar que hablará del conflicto solo cuando la presidenta Cristina de Kirchner mejore y cuando pasen las elecciones legislativas de la próxima semana, pero ya hubo opiniones contrarias.
El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Carlos Kunkel acusó ayer al gobierno de Uruguay de intentar “incidir en el proceso electoral” de la Argentina al autorizar a la empresa UPM a aumentar su producción, lo que provocó un nuevo conflicto bilateral.
Para el legislador kirchnerista, “hubo intencionalidad política manifiesta por la fecha en que se eligió” para otorgar el permiso, a sabiendas que sería rechazado por la Casa Rosada a poco de las legislativas del domingo 27.
La instalación de UPM en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas por el bloqueo que los vecinos de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el principal puente fronterizo que une ambos países sobre el río Uruguay.