El titular del IPV, Fernando Alesanco, justificó ayer que el gerente de obras de ese organismo haya recibido una casa del Estado y dijo que “tiene todo el derecho”, en una provincia con miles de familias hacinadas o sin techo. Hizo estas declaraciones luego de que se supiera que uno de sus más altos funcionarios vive en el nuevo barrio Mirasoles. Alesanco también asignó allí una casa a uno de sus hermanos, mientras que su madre tuvo preadjudicada otra unidad desde hace tres años, aunque renunció extrañamente a su condición de beneficiaria, en mayo último, según aseguró el presidente del IPV.

Fernando Zalazar Ruiz es otro de los bendecidos que recibieron una vivienda social en el último barrio que terminó la Provincia. El joven ingeniero civil es el gerente de obras del IPV y firma las resoluciones más importantes junto a Fernando Alesanco.

“Hay una instrucción directa por parte del gobernador, a través del decreto 1056/13, que establece una prohibición taxativa a funcionarios con rangos de subsecretarios o superior, presidentes y directores de empresas o sociedades del Estado, para acceder a viviendas del IPV. El resto de los empleados públicos tiene todo el derecho de acceder a una vivienda, siempre en el marco de la normativa vigente y cumpliendo todos los requisitos”, argumentó en un comunicado el presidente del IPV.

Zalazar, sin embargo, no es un empleado público sino un funcionario que aprueba contrataciones en el IPV. Aunque no es director ni subsecretario, ocupa la segunda línea jerárquica y tiene ingresos muy superiores a los de los agentes de la planta estatal.

La modalidad de entrega de viviendas públicas no deja de sumar escándalos. En abril, se conoció que había funcionarios, parientes y allegados al Gobierno con propiedades en la lista de adjudicatarios del barrio Lomas de Medeiros. Una marea de indignación social obligó al Ejecutivo a reasignar muchas de las casas

La semana pasada El Tribuno informó que el hermano y la madre de Fernando Alesanco figuraban como beneficiarios de viviendas sociales en Mirasoles. Ambos quedaron preseleccionados, quién sabe cómo, entre miles de inscriptos.

Cuatro días después, y ante generalizados cuestionamientos, el presidente del IPV sacó ayer un endeble descargo.

“Desde que asumí como presidente del IPV, el 29 de octubre de 2012, el único acto administrativo que firmé vinculado con mi madre fue la aceptación de la renuncia a una preadjudicación obtenida hace tres años por discapacidad, e incluso a su inscripción como postulante”, señaló.

Su intento de aclaración lejos estuvo de despejar las dudas sobre el procedimiento por el que Mirta Toffoli de Alesanco figuró desde 2010, dentro de una nómina de “casos especiales”, como beneficiaria en Mirasoles. La mujer, una empresaria de la construcción, renunció llamativamente tres años después de ser preadjudicada y en los días posteriores al escándalo de Lomas de Medeiros. El comunicado de Alesanco no aportó documentación ni aclaró los motivos de la renuncia de su madre a la casa que tenía asegurada.

En Mirasoles ya tiene las llaves de la casa 16, en la manzana 489b, el hermano menor de Fernando Alesanco, Maximiliano, quien fue preseleccionado en 2010. El titular del IPV quiso desligarse de esa entrega.

“El único acto administrativo que firmé vinculado con él (por su hermano) corresponde a la ubicación física de la vivienda”, sostuvo. Eso es tan cierto como que su rúbrica fue el último paso para que Maximiliano disfrute de un techo propio construido por el Estado, a espaldas de miles de familias mucho más necesitadas.

Alesanco manifestó que las preadjudicaciones se hicieron en 2010, cuando él todavía no era presidente del IPV, pero evitó mencionar que, en ese entonces, él ya ejercía influencia sobre el organismo de viviendas como coordinador financiero del Ministerio de Economía. Era, en efecto, mano derecha de Carlos Parodi.

No casualmente, desde ese mismo puesto, Sebastián Ortiz de Rozas consiguió en 2011 que le adjudicaran una de las casas de Lomas de Medeiros. También su hermana, Mercedes Ortiz de Rozas, figuraba entre los beneficiarios. Estos manejos perjudican e indignan a 14.000 familias salteñas que esperan un techo que se les hace cada vez más inalcanzable.

Recibió la casa con un cargo público

Arriba la resolución con la que el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Fernando Alesanco, le asignó a su hermano, Maximiliano Alesanco Toffoli, una de las viviendas del barrio Mirasoles, en la zona de El Huayco, el pasado 21 de agosto. En ese momento la ministra de Derechos Humanos, Silvia Pace, aún no había dictado la resolución 513 (abajo), con la que oficializó la renuncia del hermano del titular del IPV a su cargo en la Dirección General de Políticas Sociales para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la citada cartera provincial. La resolución, firmada por la ministra Pace el 6 de septiembre último y publicada en el Boletín Oficial seis días después, formalizó la renuncia del funcionario con vigencia al 26 de marzo de 2013, es decir con un infrecuente retardo de casi siete meses. De esa forma se dio por alejado a Maximiliano Alesanco de la función pública desde los días previos al escándalo que se destapó en el barrio Lomas de Medeiros.

En su descargo, el titular del IPV manifestó que su hermano menor, quien recibió una vivienda en Mirasoles en agosto, no es más funcionario del Estado.

El Tribuno informó la semana pasada que Maximiliano Alesanco prestaba servicios como psicólogo en la Provincia. Fernando Alesanco afirmó ayer que “actualmente se desempeña en la parte privada; sí lo hizo alguna vez con ingreso en la administración pública, en marzo de 2007, en la entonces Secretaría de Asistencia Médica”, señaló.

Lo concreto y real es que Maximiliano estuvo contratado por el Estado hasta hace pocos meses. Su renuncia a la Dirección General de Políticas Sociales para Personas con Discapacidad se publicó el pasado 12 de septiembre. Había recibido las llaves de su casa en Mirasoles un mes antes. La preadjudicación de esa vivienda social data de 2010, cuando Maximiliano Alesanco se desempeñaba en la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones. El feliz propietario no es el único Alesanco en la administración pública. Federico, otro hermano, es el actual director general de Asuntos Legales y Técnicos de Economía.

Unas 14.000 familias sin techo están inscriptas en el IPV. La cifra era de 25.000 hasta el año pasado, pero el organismo eliminó, por medio de la resolución 675, a las que no acudieron luego a actualizar sus datos. De esta manera, 11.000 grupos familiares quedaron sin posibilidad de acceder a una casa construida por el Estado. Curiosa manera de reducir el déficit habitacional de la provincia.