El gobierno uruguayo renovó la autorización ambiental a una planta de celulosa de UPM, cuestionada por Argentina, y anunció que la empresa se adecua a los requerimientos que Montevideo pidió para otorgarle un incremento en la producción, informó el domingo un medio local.
El viernes, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente, Francisco Beltrame, firmó una nueva autorización ambiental de operaciones para la planta de la finlandesa UPM (exBotnia), renovación que se produce cada tres años, informó el diario La República.
Beltrame dijo al matutino que la fábrica ya está implementando medidas que exigió Uruguay el mes pasado al autorizar a la planta un incremento de su producción de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales, medida que encrespó la relación con Argentina.
"Se están adecuando las instalaciones, en torno al patio de almacenamiento de la planta, para evitar el arrastre del lodo de cal", señaló Beltrame.
Montevideo otorgó la ampliación en la producción, pero exigió a la empresa la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que llegan al río Uruguay, limítrofe con Argentina, tengan temperatura debajo de los 30 grados. A su vez, se solicitó rebajar el contenido de fósforo de los desechos.
Asimismo, la resolución firmada por Beltrame pide "el control diario de la carga de fósforo que ingresa al sistema de
tratamiento biológico y la que se vierte con el efluente final ... también se exige adecuar las instalaciones existentes en el entorno del patio de almacenamiento de la planta, en un plazo de 3 meses", señala el matutino.
Argentina ha dicho que acudirá a la Corte de La Haya si Uruguay no rectifica el permiso de ampliación.
La pastera, en funcionamiento desde 2007, ha sido centro desde su construcción de un prolongado conflicto con el país vecino, donde ambientalistas la acusan de contaminar el cauce de agua compartido.
En protesta, manifestantes argentinos bloquearon durante casi cuatro años un puente fronterizo y Buenos Aires llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que en 2010 respaldó la posición uruguaya de que la planta no contamina, pero ordenó un monitoreo regular para observar el impacto en el río.
Este domingo, ambientalistas realizarán una marcha náutica por el río Uruguay con el fin de protestar frente a la pastera. Autoridades uruguayas anunciaron que prohibirán el desembarco de los activistas.