La AMIA dio marcha atrás. Luego de mostrar cierta expectativa por el acuerdo que hace una semana Argentina firmó con Irán para esclarecer el atentado que en 1994 dejó 85 muertos en el centro judío, el presidente de esa entidad, Guillermo Borger, dio marcha atrás y señaló ayer que no van a aceptar “ninguna cosa inconsulta” y menos tratándose del país islámico.

El convenio había recibido el visto bueno de las asociaciones y los familiares de las víctimas tras una reunión mantenida con el canciller argentino, Héctor Timerman, el miércoles pasado.

Lo cierto es que en pocos días desde la entidad judía revisaron su posicionamiento ante el principio de acuerdo. “Este es un momento difícil. Irán es para nosotros un interlocutor no confiable para intentar avanzar en el esclarecimiento del atentado que tiene a funcionarios de ese país como principales implicados. Debemos abrir mucho los ojos”, agregó firme Borger.

En este marco, el memorándum impulsa la creación de una comisión para buscar la verdad y volver a analizar todo lo actuado por la Justicia sobre el atentado que mató a 85 personas, dejó cientos de heridos y daños materiales y psicológicos a la comunidad.

Respecto de esa intención, Borger remarcó que estaban “absolutamente consternados porque todo lo actuado en 19 años” por la Justicia argentina, “con este título de comisión de la verdad, parece que no hubiera servido para nada”.

El atentado con coche bomba contra la AMIA, en 1994, fue el segundo ataque terrorista contra intereses judíos en Argentina, después de que 29 personas muriesen en 1992 debido a la explosión de una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

La comunidad judía atribuye a Irán y a Hezbollah la planificación y ejecución de ambos atentados.

Dos imputados y candidatos

Por el atentado, entre los imputados están los candidatos a presidente de Irán Mohsen Rezai y Ali Akbar Velayati. En tanto, el exfiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Luis Moreno Ocampo, fue designado por la comunidad judía de Argentina como su asesor jurídico.

En este marco, las autoridades argentinas intentan destrabar la causa judicial por el atentado explosivo ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, en cuyo expediente la Justicia libró la captura internacional con “alerta rojo”, avalada por Interpol, de ocho ciudadanos iraníes.

Entre ellos se encuentran el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el excanciller Alí Akbar Velayati.

También están en esa lista Mohsen Rezai y Ali Akbar Velayati, quienes se postularán por la presidencia de Irán en las elecciones que ese país llevará a cabo en junio próximo. Actualmente, Rezai es secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia iraní, en tanto que Velayati se desempeña como consejero del Ayatollah Khemenhei, líder supremo de la teocrática república islamista, sobre asuntos de relaciones internacionales. Para la dirigencia de la comunidad judía de Argentina, la mayor de América Latina, la causa “es una cuestión de Estado”. “Por esa razón le vamos a dar visos importantes de legalidad”, dijo Schlosser.

“Estamos preocupados por la estrategia jurídica que debemos fijar en la causa AMIA desde antes de haber asumido en la DAIA”, aseguró a su vez el secretario general de la entidad, Jorge Klonovits.

Moreno Ocampo, asesor

Tras el acuerdo con Irán, se definió que Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, será asesor de la causa. La noticia fue confirmada por Jorge Klonovits, secretario general de la DAIA. Moreno Ocampo señaló: “Estamos preocupados por la estrategia jurídica que debemos fijar en la causa AMIA”.

No serán interrogados

Teherán rechazó el pedido argentino de indagar al expresidente, al excanciller y al exembajador iraníes. “Esto es a lo que pudimos arribar”, dijo Timerman.

Los negociadores argentinos llegaron a la mesa de diálogo con el reclamo de máxima de que se indagara a todos los acusados, pero los iraníes sólo aceptaron firmar el interrogatorio de los que están en la lista de Interpol.

Internas tras el acuerdo

El acuerdo con Irán para la indagatoria de cinco acusados por el atentado a la AMIA genera incertidumbre en el propio Gobierno nacional sobre el resultado del proceso, y encierra una trama de internas (en la Rosada y en la comunidad judía). Pero, en simultáneo, implica la profundización del rumbo asumido en la política exterior argentina.

El rechazo en las encuestas

El 81 por ciento de la comunidad judía rechaza negociar con Irán por la AMIA, afirma una encuesta realizada por la consultora Poliarquía.

En tanto, el 76 por ciento de los consultados se declaró “muy en contra o en contra” de que los acusados sean interrogados en Teherán.