Según las últimas mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con relación al desempleo, Salta ocupa el segundo puesto a nivel nacional. Después de Córdoba, la capital salteña es el distrito con mayor cantidad de desocupados del país, posición que comparte el aglomerado que rodea la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Pero, además, en los municipios del norte de la provincia los índices de pobreza también superan la media nacional y afecta a más del 50% de la población. Con este panorama no resulta alentadora la pérdida de fuentes laborales que se está sintiendo en el campo salteño, después del segundo año consecutivo de pérdidas, por una sequía que no registra antecedentes en décadas. Por eso, según coincidieron las fuentes consultadas sobre el tema, lo más urgente es instrumentar medidas desde el Estado que ayuden a los productores a mantener los empleos de los miles de salteños que están siendo afectados por la emergencia agropecuaria. Los actores de este verdadero motor de la producción provincial están seriamente amenazados y muchos de ellos están ocupados en un solo objetivo: sobrevivir.

“Lo único que no queda es subsistir, todos nuestros medios están apuntando a eso. Es dramático. Sin colaboración del Estado nacional no veo una salida inmediata. Creo que nos tiene que ayudar, para poder paliar la situación y poder producir algo el año que viene para poder dar trabajo. En este momento no disponemos de nada, de ninguna ayuda. La situación económica quedó seriamente afectada, estamos mal. Lamentablemente, de las 32 personas que tenía en planta permanente, solo pude mantener a siete empleados. Ya estamos cumpliendo el mes, pero ahora tendremos que seguir con los despidos, hasta el 100% de mis trabajadores. No tengo otra posibilidad”, opinó José Luis, productor de la zona de Embarcación y Pichanal.

“Un productor me dijo el otro día que el café que estaba tomando lo estaba pagando con un crédito, porque hasta la cosecha de mayo del año que viene no tiene ningún ingreso. El escenario, sin adjetivos, es el siguiente: hoy el productor tiene que sacar créditos para pagar los sueldos y está mirando cómo achicar costos. Es una realidad que obviamente se traslada a los despidos que se están viendo. El que queda más desprotegido es el empleado, por eso se necesitan créditos para poder mantener esas fuentes de trabajo”, graficó el proveedor de insumos para el agro de la zona de Embarcación, Pablo Pizarro.

Más específica es la propuesta de Agustín Vidizzoni, un importante productor de soja, maíz y poroto del norte y del departamento de Anta, que tiene además una planta procesadora de maní en Embarcación.

Vidizzoni aclara que “solución a esto no hay, porque es una catástrofe que no pasó nunca en la provincia”. Desde su punto de vista, subsidiar una tasa, como propone el Gobierno provincial, “no tiene mucho sentido, porque el problema no es la tasa, sino el acceso al crédito”.

Según el empresario, algo que sería de mucha ayuda es la instauración de algún tipo de crédito para mantener las fuentes de trabajo.

“Hoy un empleado rural, entre aportes, impuestos y pagando solamente el básico, le cuesta cerca de $70.000 al año a un productor. Además del salario, hay por lo menos un 51% más por aportes, obras sociales y contribuciones. Por eso, con un crédito respaldado por el Gobierno, se puede hacer una estimación de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada empresa a cambio de un compromiso para que no despidan trabajadores. Sin un aval de la Provincia, ningún banco puede entregarnos un crédito”, propuso.

“Hay que tener en cuenta que esta es la segunda campaña consecutiva con sequía. Las empresas podrían afrontar la situación si este hubiera sido el primer año de seca, pero dos años con pérdidas casi totales, es una situación insostenible para la mayoría de los productores. El año pasado, en Las Lajitas se sacaron 300 kilos de soja por hectárea, cuando el promedio durante 10 años fue de 2.800 kilos por hectárea. Este año pasó lo mismo y las empresas más sólidas, que venían bien, ahora están endeudadas”, agregó.

 
Una situación crítica que no registra antecedentes en Salta

Para el empresario agrícola Agustín Vidizzoni, la solución es que llueva el año que viene, porque para esta campaña cualquier propuesta ya llegó tarde. “Desde que está el negocio de la exportación de poroto, este es el primer año que no se va exportar nada, ni un solo kilo de poroto saldrá de la Argentina; cuando el año pasado fueron 170 mil toneladas”, remarcó.
En cuanto al impacto social, Vidizzoni remarcó que es una realidad que existe y no se puede negar. “En mi caso tengo 95 empleados permanentes. Algunos que estaban de manera transitoria se dieron de baja, alrededor de 30 personas. Ahora, lamentablemente se nos están acabando las cosas para hacer en la empresa, no tenemos en qué emplear a la gente y vamos a tener que tomar medidas para poder terminar el ciclo. Estamos analizando la posibilidad de instaurar media jornada laboral, en lugar de jornada completa y otro tipo de acciones. Pero tenemos que hacer algo, sino va a ser imposible mantener las fuentes de trabajo”, explicó.
 

La información oficial
 

Desde la próxima semana estarán a disposición de los productores afectados por la sequía los $200 millones que habilitará el Banco Macro. Los créditos tienen una tasa subsidiada por el Gobierno local a través del fondo que creó con el revalúo fiscal, por $20.000.000. De ese modo, el interés anual no superará el 10% y tendrán un año de gracia para cancelar el capital, más los intereses. La Secretaría de Asuntos Agrarios informó que el monto máximo será de $500.000 por cada productor afectado que haya requerido ayuda.
También se supo que Nación enviará fondos para “paliar la situación que afecta a aquellos que perdieron su empleo como consecuencia de la sequía”. Se trata del Programa de Sostenimiento del Empleo por Contingencia Climática. Se anunció que los pequeños y medianos productores que perdieron más del 50% del cultivo, recibirán un beneficio de $800 por cada trabajador que figura en su declaración jurada.

Piden a los productores la declaración de los daños

Hasta el miércoles de la próxima semana tienen plazo los productores incluidos en el primer decreto de emergencia agropecuaria, emitido por el Gobierno provincial, para gestionar la certificación de las pérdidas que en sus campos provocó la sequía. Deben realizar el trámite en la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia.
Dirigentes de la Cámara Regional de la Producción, Sociedad Rural Salteña y de la Asociación de Productores de Granos del Norte solicitaron a los productores afectados que presenten la correspondiente declaración jurada para que puedan acceder a la línea de crédito anunciada por el Gobierno y a la ayuda que contempla la ley.
 

Dos decretos se emitieron para declarar la emergencia para la soja, maíz, maní, poroto, chía y ganado mayor y menor. El primero fue publicado el 29 de abril pasado en el Boletín Oficial, por lo que los afectados tienen tiempo hasta el 29 de este mes para hacer la denuncia correspondiente; el segundo fue publicado el martes pasado, por lo que el plazo se amplía hasta el 10 de junio próximo.
Los ruralistas volvieron a reunirse ayer con autoridades del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable para continuar analizando la situación del sector. Se anunció que técnicos del organismo visitarán los municipios afectados para ayudar a los productores a completar el formulario que tiene carácter de declaración jurada. Recién entonces técnicos salen al campo a certificar la información.

LOS PRODUCTORES

La ayuda no parece suficiente

José Luis es productor en la zona de Embarcación y Pichanal. “Los 200 millones que anunció la Provincia es algo, mejor que nada, aunque no parece suficiente y habría que ver cómo se instrumenta para los productores que los necesitan. No pudimos cosechar nada. En este momento la situación es muy grave. No sabemos si vamos a poder sembrar el año que viene”, opinó.

“No hay salida sin apoyo

Pablo Pizarro tiene una empresa en Embarcación proveedora de insumos: “La situación es tan grave, no solo para mí sino para los comerciantes, los clientes, los productores que conozco en el sector. No creo que puedan salir sin un apoyo de financiamiento externo. Incluso tendrán que aparecer nuevos socios, nuevos jugadores para invertir en el sector. No hay plata”.

“Puede haber un estallido”



Daniel Calamaro siembra alrededor de 7.000 hectáreas entre soja, maíz, poroto y chía, en la zona de Embarcación y Pichanal desde 2003: “Lo peor no llegó. Los tractores están parados en los galpones desde hace tres meses, esto no se secó en una semana. Creo que va seguir quedando gente en la calle. En julio, el norte explota. Si no se toman medidas vamos a tener un estallido social”.