Los ánimos en la Cámara de Comercio están caldeados. Es que tanto dirigentes como asociados se enteraron a través de diferentes medios de comunicación que la Cámara de Diputados pretende aprobar en la sesión del próximo martes un proyecto de reforma del Código Fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo, sin que se haya tenido en cuenta sus cuestionamientos a la iniciativa. Y ante esa posibilidad, ya convocó a una reunión urgente de sus cámaras asociadas para definir una estrategia para enfrentar la avanzada legislativa.

Además, el miércoles la entidad empresaria elevó a la Legislatura una dura nota en la que detalla las objeciones del sector al proyecto y advierte que algunas de sus partes “se encuentran desprovistas de razonabilidad y realidad, atentando directamente contra el principio de capacidad contributiva, lo que repercutiría en la pérdida de empleo, de generación de nuevas empresas y la caída del Producto Bruto Geográfico”. El escrito lleva la firma del presidente Daniel Betzel y de otros 20 miembros de la comisión directiva.

El proyecto de reforma del Código Fiscal no es nuevo. Ingresó a la Cámara de Diputados en abril pasado y, como ahora, iba a ser aprobado sin ningún tipo de consulta a los sectores afectados. Pero la rápida reacción de la Cámara de Comercio lo evitó. En esa oportunidad, la conducción de la entidad empresaria se reunió con algunos de los principales referentes de la cámara baja y logró que volviera a comisión. Se pactó además que no habría avances “inconsultos”, y que previo al tratamiento en el recinto de sesiones, se considerarían las objeciones del comercio salteño. Ahora los legisladores están a punto de borrar con el codo lo que escribieron con la mano.

Las razones del apuro

El apuro de los legisladores tiene que ver con un reclamo de los trabajadores de la Dirección General de Rentas, que por cuestiones administrativas dejaron de cobrar el denominado “fondo estímulo”. La reglamentación de ese beneficio forma parte de la reforma del Código Fiscal, por lo que si el proyecto se aprueba la próxima semana, los trabajadores volverán a cobrarlo con sus haberes de julio.

Ese argumento, sin embargo, importa poco y nada a los comerciantes, quienes consideran que el proyecto que impulsa el gobernador Juan Manuel Urtubey le da a la Dirección General de Rentas un enorme margen de discrecionalidad y arbitrariedad a la hora de determinar las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Por ejemplo, los contratos de alquiler que pagan impuestos a los Sellos ya no tributarán sobre el valor declarado en el documento, sino sobre el valor que los funcionarios de Rentas estimen que se paga en concepto de alquiler por ese local. “Demasiada arbitrariedad”, se quejan los afectados