La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ratificará su denuncia realizada en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el funcionamiento de la papelera UPM (ex-Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El organismo internacional consultó al grupo de vecinos si mantiene la denuncia realizada a fines de ese año de que la instalación de Botnia y, en ese entonces, la española Ence violaba derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay.

La Asamblea hizo la presentación junto al Gobierno entrerriano, a cargo de Jorge Busti, y en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (se presentaron las planillas correspondientes). La causa había quedado inmovilizada y ahora se retomó el expediente para conocer qué hechos nuevos ocurrieron desde 2005.

El tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la asamblea, Ana María Angelini, señaló, además de ratificar la presentación, que se aportarán nuevas pruebas. “La ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”, apuntó Angelini.

La abogada confesó que para los vecinos la causa había quedado archivada. El 19 de septiembre de 2005, el entonces gobierno de Busti denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y pidió que declarase la violación de la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales, pese a las evidentes carencias en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas.