El Gobierno anunció ayer que volverá a recurrir a la Corte Internacional de La Haya a partir de la decisión de Uruguay de autorizar el aumento en la producción de UPM (ex Botnia) sin el consentimiento de la Argentina y que “reevalurá” su relación con el país vecino.

Así lo informó el canciller Héctor Timerman en una carta que hizo llegar a su par de Uruguay, Luis Almagro, en la que le comunicó que el gobierno argentino “procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales”.

Según señaló la nota formal, el permiso a UPM para incrementar su producción de 1,2 a 1,3 millones de toneladas anuales es “un gesto inamistoso” de parte del Gobierno del presidente José Mujica “en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”.

“Esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su Gobierno”, advirtió el canciller Timerman.

Medida sin efecto

Y reclamó, al igual que lo hiciera el 15 de octubre de 2013, “que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto”.

“Al confirmar en todos sus términos mis notas del 15 de octubre, del 23 de octubre y del 22 de noviembre de 2013, por las que he rechazado la autorización provisoria del aumento unilateral de la producción de UPM, señalo que el Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes”, completó. De esta forma, la autorización del Gobierno de Mujica vuelve a quebrar el vínculo bilateral, luego de la tregua sellada por Cristina Kirchner y Mujica a mediados de 2010.