La iniciativa fue apoyada por el oficialismo, el peronismo disidente, la centroizquierda y la mayoría del Frente para la Victoria, mientras que el sector de ese bloque más cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner votó en contra o se abstuvo.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor, 2 en contra (Ruperto Godoy y Daniel Pérsico) y doce abstenciones y esta misma tarde será discutido en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para darle dictamen y poder debatirlo, con la intención de convertirlo en ley.

En tanto, decidieron abstenerse los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso y los ultrakirchneristas Marcelo Fuentes, María Labado, Liliana Fellner, Nanci González, Anabel Fernández Sagasti, Virginia García, Hilda Aguirre, María Pilatti Vergara, Ana Almirón y Marilin Sacnum.

Con la reforma votada ayer pasarían a pagar ganancias 1,4 millones de trabajadores, en lugar de los 2,2 millones que pagan actualmente.

Habrá beneficios para los trabajadores por viáticos y horas extras, y se establece en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.

Se reconocen las horas extras y los viáticos con un límite de deducción de hasta el 40 por ciento, salvo en las actividades vinculadas con el transporte de larga distancia que no tienen límite. Quienes ingresen al Poder Judicial, jueces o empleados, y al Ministerio Público, fiscales, a partir de enero de 2017 pagarán ganancias.

El impuesto al juego fue modificado. El tributo por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35 al 41,5 por ciento. Además, los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los on line un 2,5%.

Se estableció una deducción común a todas las categorías de 51.967 pesos anuales. En el proyecto anterior, esa cifra era de $48.666. La deducción por cargas de familia se establece por cónyuge en 48 mil pesos, y por hijo de hasta 18 años en $24.432.

La deducción especial multiplica por 3,8 la cifra de 51.967 pesos anuales.

Para los jubilados la cifra no imponible pasó de cinco a seis jubilaciones mínimas, lo que equivale a 30 mil pesos mensuales. Los alquileres también entran en la deducción hasta el 40 por ciento, tomando como monto máximo casi 52 mil pesos. El techo del monotributo que estaba en 400.000 y 600.000 pesos anuales pasó a 700.000 y $1.050.000.

Esta ley origina un costo fiscal bruto de casi cincuenta mil millones de pesos que será compensado, en parte, con los nuevos impuestos con los que se recaudarían casi 6.800 millones de pesos.

A ese número se suma un recupero, a través del dinero que vuelve en consumo por la modificación de Ganancias de, por lo menos, 9.000 millones de pesos. El proyecto establece una cláusula para 2017 según la cual el bache fiscal de las provincias será cubierto por el Gobierno nacional a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Al abrir el debate, el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina destacó el "consenso" alcanzado entre el oficialismo, la CGT y los gobernadores y admitió que "si bien es cierto que durante 12 años de gobierno no tocamos las escalas", sostuvo que todas las fuerzas políticas han "manejado" de "manera incorrecta" las condiciones de este impuesto.

A su turno, el oficialista Julio Cobos, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, puso de relieve el acuerdo alcanzado por diferentes sectores para lograr un texto consensuado y se pronunció a favor de "reformular".

En tanto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó el proyecto original del Poder Ejecutivo y también respaldó la discusión que permitió destrabar la cuestión afirmando que "esta es la ley posible" que "implica una efectiva mejora para los trabajadores".

El senador Juan Carlos Romero votó a favor del proyecto de disminución del impuesto a las ganancias, ahora llamado "al ingreso", pero se mostró crítico acerca de la estrategia de crear nuevos impuestos y "gastar más de lo que se tiene".

Durante la sesión, Romero afirmó que "en un sistema republicano y representativo, el consenso se logra en las cámaras, donde si bien tenemos la obligación de escuchar a todos, también tenemos la obligación de acordar. Pero en el Parlamento, y no sushi de por medio".

Romero agregó que "ningún impuesto es bueno, ni el que derogamos ni los que se están creando. No se resuelve todo por la presión fiscal, porque si cada vez que se gasta más se crea un impuesto, el país no resolverá su difícil situación financiera".

"Este impuesto a las ganancias -añadió el legislador salteño- es un impuesto injusto, fruto de más de una década de aumentar el gasto público. Pero si seguimos aumentando el gasto del Estado después no nos enojemos si este se endeuda. No se puede gastar cada día más, ese es el problema argentino, donde no se cumple la ley de disciplina fiscal ni en la Nación ni en las provincias", argumentó. Al profundizar sobre el escenario parlamentario, Romero señaló que "por un lado, está el bloque opositor al que, sobre todo por las posiciones que asume en Diputados, yo llamo 'demos'; por otro lado, está 'cambiemos'; se han votado durante el año un sinnúmero de leyes que aumentan el gasto público y otras que disminuyeron los ingresos del Estado", agregó. Romero finalizó diciendo que "algunos siguen creyendo en esa ilusión de distribuir una riqueza que no tenemos ni hacemos nada para aumentarla; esa fórmula decididamente no funciona".

Los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial que sean nombrados a partir de 2017 serán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo a lo establecido por el nuevo proyecto que se discute en el Congreso. Se trata de una de las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional para incorporar a los nuevos integrantes del Poder Judicial, ya que los magistrados y empleados actuales mantendrán el privilegio de no pagar Ganancias. El proyecto que se discute en el Congreso plantea la modificación de la ley de impuesto a las Ganancias, de 1997 y, entre otros, modifica los incisos A y C del artículo 79. "Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. De esta forma, los jueces y empleados designados a partir del próximo año pagarán Ganancias, quedando exentos los que ya están en funciones.