Autoridades comunales y comerciantes de frontera se reunieron en Salvador Mazza para determinar las acciones a seguir ante los problemas registrados en el comercio fronterizo desde fines de diciembre pasado. Dichos inconvenientes surgieron a raíz de la reciente apertura a las importaciones, según especificaron.
Comerciantes y autoridades realizarán un pedido a los gobiernos provincial y nacional para ver de qué manera se puede llegar a una solución.Participaron de la reunión los intendentes de Aguas Blancas y de Salvador Mazza, Sergio Oliva y Rubén Méndez respectivamente, concejales y los titulares de las distintas cámaras de comercio de la región.
Los presentes acordaron presentar un documento ante los Gobiernos provincial y nacional en donde detallarán los inconvenientes que se registran en la zona ante la merma del comercio, principal fuente de trabajo de la región.
"No hay industria ni otro trabajo que no sea el comercio. La apertura de las importaciones afectó a los pueblos de frontera", expresó un grupo de comerciantes.
El levantamiento de las restricción a las importaciones modificó la dinámica del comercio binacional y afectó principalmente a los pequeños comerciantes, ya que los intercambios comenzaron a llevarse adelante a gran escala, entre las principales empresas exportadoras e importadoras de Argentina y Bolivia.
"Los comerciantes bolivianos ahora importan a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba harina, arroz, aceite, azúcar y maíz. El comercio pasó a ser a gran escala y ello perjudicó enormemente a las ciudades fronterizas que vivimos justamente del comercio. El comercio al por menor no puede competir con esto", contaron.
El comercio bilateral disminuyó el 60% desde fines de diciembre pasado, lo que impactó en la recaudación de la comuna de Salvador Mazza, que bajó en un 50%,
La actividad de los bagayeros, unos 1.500 personas entre argentinos y bolivianos, también se vio seriamente afectada. Acostumbrados a pasar cargas completas, hoy la mercadería ingresa en camiones, cerrados y precintados, lo que evita el pago de la tasa de actividades varias y del impuesto a las actividades económicas que la comuna percibía por adelantado, cada vez que llegaba un camión al puesto de control fiscal ubicado en el río Caraparí.
Por otra parte, en la ciudad funcionaba un sistema de cupos y para acceder a ese régimen, cada comerciante tenía la obligación de tener al menos tres empleados registrados.
Al caer este sistema, comenzaron a despedir gente. Los comerciantes, al mermar sus actividad, ya dejaron cesantes a unos 300 empleados de los alrededor de 700 que había registrados en esta localidad fronteriza.