Aunque aún no ha tomado posesión el presidente electo de EEUU, Donald Trump, sus acciones han dado

razones para pensar en el riesgo de que pueda ser objeto de un juicio político, como sostienen diversos expertos.

Amenazan a Trump, entre otras cuestiones, el haber dejado en manos de sus hijos su emporio inmobiliario y el haberse negado a colocar sus activos en un 'blind trust' (fideicomiso gestionado por administradores anónimos desconocidos por el propietario mientras éste ocupa su cargo político) en el que él no pueda interferir.

También pueden poner en aprietos al empresario neoyorquino sus negocios con gobiernos extranjeros, sobre todo con Rusia; o la posible violación de las leyes que prohíben el tráfico de influencias.

No sorprende, pues, que la frase "conflicto de intereses" aparezca con frecuencia en las noticias sobre sus actos. Por no hablar de que, tras ganar las elecciones de noviembre pasado, el magnate sigue negándose a revelar su declaración de impuestos, y lo que ese documento eventualmente pudiera ocultar algo inédito en un presidente electo en la historia moderna de EEUU. "A menos que Donald Trump cambie de postura, estará violando la Constitución desde el primer día, desde el minuto uno y la primera hora, porque sus negocios en Estados Unidos y en todo el mundo reciben un flujo constante de ingresos de gobiernos extranjeros", explicó recientemente Norman Eisen, exabogado de ética de la Casa Blanca, en una entrevista con la radio pública NPR.

Cuando Trump anunció el pasado miércoles, en su primera rueda de prensa desde julio pasado, que dejaba sus negocios en manos de sus hijos, Eisen advirtió de las consecuencias de esa decisión, alertando de que el magnate está siendo "mal aconsejado y eso precipitará el escándalo y la corrupción".

En la misma línea, el profesor de derecho Christopher Peterson, de la Universidad de Utah, consideró que el escándalo de fraude de la llamada "Universidad Trump", que se zanjó con un pago por parte del multimillonario de 25 millones de dólares a los estudiantes, puede ser otra razón para acusar al mandatario electo. Sin embargo, la decisión de convocar un juicio político para someter a escrutinio las prácticas de un presidente en EEUU nace de la voluntad del Congreso, cuyas dos Cámaras ahora están,abrumadoramente, en manos de su partido, y que difícilmente, tras ocho años de Gobierno demócrata, querrá poner en jaque su hegemonía. Lo que en inglés se conoce como 'impeachment', o juicio político,es precisamente eso, un proceso en el que un funcionario público es acusado de violar la ley, y sometido por ello a escrutinio en el

Senado, lo que no significa que vaya a ser destituido de su cargo de manera automática.

Según refleja la Constitución estadounidense, el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país "serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores".

Pero dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal, a abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción, sin que se vea

obligado a ello. "Un delito aplicable a un juicio político es lo que una mayoría de la Cámara de Representantes considera en un momento dado de la historia", dijo en 1970 el entonces líder de la minoría de la Cámara Baja, y después presidente, el republicano Gerald Ford.

Aunque sus detractores piensen que Trump tiene posibilidades de ser derrocado por la vía legal -en cuyo caso no habría elecciones, sino que sería sustituido por su vicepresidente, Mike Pence-, la historia no les da muchos motivos para el optimismo. El único presidente de EEUU que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974), quien renunció a la Casa Blanca en agosto del 1974 por el escándalo "Watergate".