"El gobierno de España ha constatado esta mañana la negativa del presidente de la Generalitat (gobierno catalán) de atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre", afirmó el vocero del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, en una comparecencia sin preguntas en el Congreso de los Diputados de Madrid. 
Méndez de Vigo recordó que se le reclamaba a Puigdemont que informara "de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia" de la norteña región, y "ante la ausencia de respuesta en estos términos, entiende el Gobierno que no se ha respondido el requerimiento". 
Por ese motivo, el Ejecutivo "continuará con los trámites previstos para aplicar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña", subrayó el dirigente del conservador Partido Popular (PP) del presidente Rajoy. 
Con esa finalidad, el vocero informó que el presidente convocó un consejo de ministros -o reunión de gabinete- extraordinaria para este sábado, donde se aprobarán las medidas necesarias para restaurar orden constitucional, al amparo del artículo 155 de la Carta Magna. 
Esa medidas, que no especificó, se elevarán al Senado para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma". 
El gobierno español agradeció el apoyo que está recibiendo en su respuesta de otros partidos, como el opositor Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos, y lamentó "profundamente que las autoridades catalanas busquen deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional". 

Acusaciones

Méndez de Vigo recordó la "flagrante violación de la Constitución y del Estatuto de autonomía" que se produjo en Cataluña cuando se aprobaron las leyes de "desconexión" para romper con España.
En ese sentido, destacó que esta misma semana el Tribunal Constitución declaró la nulidad de la ley del referéndum celebrado el 1 de octubre en Cataluña. 
El gobierno español pondrá "todos los medios" a su alcance "para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña", por la deriva secesionista.