Tras pasar una noche con agudos dolores de cabeza y fiebre alta, Felisa Ventura murió un domingo cerca del mediodía. Esos síntomas los padecía desde el sábado, por lo que ese día unos de sus hijos se ofreció a recorrer en bicicleta los 40 kilómetros que separan la comunidad wichi de Vertiente Chica del hospital de Santa Victoria Este (Rivadavia) para pedir asistencia. El viaje lo tenía que hacer de algún modo, ya que en el lugar no hay señal telefónica ni una radio para alertar de una emergencia, pero no lo concretó porque el agente sanitario de la zona le aseguró que iría con su moto al nosocomio para pedir una ambulancia. Al parecer, esa alerta nunca se hizo, y la mujer, de 40 años, perdió la vida por un infarto.

La fatalidad, que ocurrió, paradójicamente, el 9 de julio pasado, es una muestra de cómo la falta de inversión en comunicaciones también tiene que ver con la postergación en varios puntos de la provincia, en este caso del Chaco salteño. Quizá una llamada por celular hubiese dado la oportunidad a Felisa de seguir viva.

La situación actual del sistema de telefonía móvil es que el Estado no le puede exigir a las operadoras inversiones en lugares donde no son rentables sus negocios, y tampoco regular la calidad del servicio que brindan, entre otras limitaciones. ¿La solución? Declarar a la telefonía móvil como servicio público.

Ese será el pedido que presentará el Consejo Económico Social de Salta (CES) ante el Congreso nacional mediante los legisladores que representan a la provincia, según explicó a El Tribuno el titular de ese organismo, Julio César Loutaif. La iniciativa surge en consonancia con el informe que publicó el mes pasado el Consejo Federal Económico y Social (COFES), entidad que agrupa a espacios como el CES y otros similares del país.

La conclusión de ese documento es que, por la falta de regulación del Estado, la telefónicas incurren en maniobras abusivas, hay malas condiciones del servicio, desprotección de usuarios, altas tarifas que no corresponden a la calidad de las prestaciones y que las quejas por la comunicación por celular encabezan los reclamos en las defensorías del consumidor.

Eso sumado a que en el país hay 146 líneas de celular cada 100 habitantes y la inserción de esa tecnología crece entre un 25 y 30 por ciento anual. Es un combo en el que las empresas cada vez facturan más, hay menos inversiones y las multas por las fallas en el servicios son irrisorias.

"Las empresas nos cumplen por la falta de regulación", dijo Loutaif.

El pedido de que la telefonía móvil sea declarada servicio público no es una novedad. En el Congreso existen varios proyectos en ese sentido, y de diferentes signos políticos, pero no se avanzó sobre ninguno. Del mismo modo, a mediados de 2013 defensores del Pueblo de distintas localidades del país se expidieron a favor de la regulación de la comunicación por celular.