Ayer se presentó en la Justicia un pedido de nulidad del remate del departamento de Celia Godoy y su familia, que se originó por una deuda de $359,63, en el 2000. La presentación la hizo el abogado Mariano Díaz, quien patrocina a César Carrasco, esposo de Godoy.

Hasta el cierre de esta edición, Celia y sus familiares no habían sido notificados del desalojo por la Justicia. Temían que la orden se concretara ayer. Desde el viernes empezaron a desalojar el inmueble ubicado en la quinta etapa del barrio Parque General Belgrano. Allí, Celia vive con sus tres hijos y sus tres nietas.

La deuda de casi 360 pesos surgió de un crédito con el Banco Masventas. Por cierto, ayer se depositó ese monto en la cuenta de esa entidad financiera. El caso se conoció en la edición de ayer de El Tribuno.

En el 2000 se inició un proceso ejecutivo por el ínfimo saldo, aunque la Justicia nunca lo notificó, como debía, ya que los mandamientos tenían datos imprecisos: "Cecilia Godoy" en lugar de Celia Godoy y la dirección era de otro departamento de esa barriada del norte capitalino.

Recién a mediados de 2016 recibieron una cédula con nombre y dirección correctos. En esa notificación, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación le informó a Celia Godoy que su vivienda familiar estaba por ser subastada. Solo cinco días después le llegó otra cédula informándole que el remate ya se había realizado. El proceso estuvo a cargo del magistrado Leonardo Araníbar.

El abogado Díaz se presentó ayer ante la Justicia en representación de Carrasco, quien reside en Orán. Entre los argumentos en que basó el pedido de nulidad apuntó a que su cliente jamás fue notificado. El letrado dio a conocer otras curiosidades del caso que terminó con un insólito remate de un departamento por una deuda de $360. Hizo notar que no consta gran parte del expediente. Los documentos judiciales iniciales, que datan del 2000, no están en la Justicia. Al parecer fueron prestados en 2007 a la otra parte y no los devolvieron. "Si uno quiere consultar, no están", lamentó Díaz.

El segundo expediente, denominado de ejecución de sentencia de 2003, también estuvo extraviado. En 2011 fue reconstruido. "Es absurdo porque está con retazos", comentó el letrado.

Por otra parte, dijo que en más de una oportunidad hubo caducidad de instancia. El expediente no se movió en varias oportunidades en más de tres meses. La Justicia, en este caso, tampoco tuvo en cuenta la prescripción de la deuda. En determinadas causas se dicta a los cinco años de adquirida. No obstante, los 360 pesos de saldo ya llevarán casi 20 años.