Más de 202 millones de dólares reclama en concepto de resarcimiento la empresa brasileña Odebrecht por obras de gas que no concluyó en diferentes puntos del país. En Pichanal la constructora, que admitió haber pagado coimas en el país por 35 millones de dólares, debía construir una planta compresora de gas.

Odebrecht pide compensaciones por la rescisión de contratos que realizó el Gobierno nacional, cuando salieron a la luz sobreprecios por más del 400 por ciento.

Según publicó ayer el diario porteño La Nación, el monto de la indemnización surge del cálculo que presentó la empresa por los bienes y servicios contratados, el lucro cesante por no haber podido llevar adelante las obras y otros ítems que devienen de la redeterminación de precios.

Caso paradigmático

La planta compresora de Pichanal estuvo en el ojo de la tormenta de los sobreprecios, ya que el actual Gobierno nacional constató diferencias económicas con otra planta que se debía construir en la provincia de San Luís.

Las denuncias por sobreprecios en las adjudicaciones de la compañía brasileña se originaron en reportes internos e informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General (Sigen).

Las advertencias

Esta semana, a las oficinas de Nación Fideicomisos no solo llegó el reclamo de la empresa brasileña, sino también estimaciones de dinero que el Estado argentino tendría que pagar si se suspenden otros contratos, como el de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y el del soterramiento del tren Sarmiento.

En el primer caso, la cifra rondaría los 1.100 millones de pesos y, en el segundo, unos 7,5 millones de dólares.

Tras las denuncias en su contra, Odebrecht contrató a la consultora KPMG para que gire al Gobierno nacional un informe sobre los costos de los proyectos que se dieron de baja.

En los próximos días, según publicó La Nación, el Gobierno anunciará la creación de una comisión tripartita, encabezada por el Ministerio de Transporte y secundada por la Sigen y la Procuración del Tesoro para revisar cada uno de los contratos de Odebrecht.

Los sobreprecios también aparecieron en la ampliación Gasoducto del Norte. En 2005 se adjudicaron trabajos por 630 millones de pesos a Skanska, Techint, BTU y Odebrecht. Se denunció una sobrefacturación del 12% en la instalación de tuberías, además de un 81% en una planta derivadora de Torzalito y de un 118% en la planta compresora de Lumbreras.

La ejecución en Pichanal se paralizó en julio de 2016 por una medida de Nación Fideicomisos, que financió la construcción de gasoductos.

En ese entonces, Jorge De Ángeli, responsable de Relaciones Laborales con la Comunidad de la multinacional Odebrecht. sostenía: "Entendemos que la suspensión es temporaria y se han estado manteniendo reuniones para analizar algunos aspectos del contrato, que parecieran ser los motivos de esta suspensión".

El 8 de julio de 2016, El Tribuno publicó un informe con el que se dejó en evidencia los sobreprecios en proyectos que había entregado el exministro de Planifación Federal, Julio De Vido.

Entre los casos más resonantes estaba el gasoducto del NEA, que se había previsto en tres tramos. En Salta la fase inicial implicaba el tramo desde Campo Durán hasta Santa Victoria Este. La obra, contratada a la firma Vertua, quedó paralizada, lo que causó protestas sociales en el paraje Chirete. Allí en 2015 hubo enfrentamientos entre policías y piqueteros que reclamaban por la obra.