El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel De Vedia, reclamó hoy que se suspenda la resolución del Ministerio de Desarrollo Social por la cual se dispusieron bajas en pensiones por discapacidad.

De Vedia intervino en el expediente iniciado por la madre de un niño con discapacidad, que presentó un amparo individual y colectivo simultáneamente, en el que también se presentaron el diputado nacional Sergio Massa y el exministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo.

El representante del Ministerio Público concluyó, en su dictamen elevado a la jueza Viviana Piñero, que "la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social".

"En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta", indicó, informó el Ministerio Público Fiscal.

La mujer explicó en la presentación que su hijo nació con un retraso mental moderado, que cursó la escolaridad en una escuela especial y que luego continuó los estudios en un centro educativo laboral para personas con discapacidad, donde hacia trabajos de jardinería. Además, subrayó que el Estado nacional desde el año 2013 hizo efectivo su derecho a la alimentación y a la salud al concederle una pensión de 4.000 pesos.

Indicó además que la cancelación o suspensión de la pensión no sólo produce el cese de la percepción económica, sino que genera la pérdida de la cobertura médica social Profe (Programa Federal de Salud, que ha mutado su nombre por Incluir Salud), lo cual le impide continuar con todos los tratamientos de habilitación y rehabilitación médica y el acceso a los medicamentos.

De Vedia aplicó en este caso el concepto de "derecho adquirido" y el principio de "presunción de legitimidad" de los actos de la administración pública, al tiempo que recordó en su dictamen que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos prohibe en su artículo 9 al Estado realizar "comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales".