Pasaron más de cuatro años para que se juzgue la muerte de Ezequiel Cardozo, el pequeño de 9 años que en 2013 murió aplastado tras la caída de una pared en el Hogar Escuela, donde concurría junto a dos hermanos.

El caso tuvo mucha resonancia, por lo que el fallo del lunes dejó un sabor amargo. La Sala VI del Tribunal de Juicio condenó por homicidio culposo a la pena de un año y seis meses de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer el cargo a José Leandro Villalobo, quien se desempeñaba como jefe de mantenimiento en el establecimiento. Amelia Burgos, quien era la directora, fue absuelta por el beneficio de la duda con un voto en disidencia y se dicto la absolución lisa y llana de Roberto Félix Ríos y Héctor Carlos Usqueda, quienes trabajaban junto a Villalobo.

Luego de recibir las últimas declaraciones testimoniales, pasado el mediodía se inicio la etapa de alegatos en la que el fiscal Santiago López Soto relató los hechos acontecidos el pasado 10 de junio de 2013, cuando murió el pequeño Ezequiel.

El fiscal hizo referencia a los informes de criminalística del CIF y de Bomberos, señalando que no existía ningún tipo de señalización de advertencia en la zona donde se encontraba la pared que carecía de los requisitos básicos de construcción, por lo que a simple vista se podía entender que era una zona peligrosa. Inclusive en declaraciones de niños y adolescentes, los mismos advirtieron tal situación de peligrosidad, lo que ningún adulto pudo hacer, ya que nunca se tomaron medidas preventivas al respecto.

De lo declarado en las audiencias, el fiscal entendió que Ríos y Usqueda dependían de Villalobos por ser jefe de mantenimiento, al ostentar dicho cargo era su responsabilidad verificar que no existieran zonas de peligro y en tal caso señalizarlas. Teniendo en cuanta que él estaba al tanto de la situación de la pared, que pertenecía a un deposito de herramientas, pues con anterioridad se había sacado el techo del mismo.

Respecto de Burgos, la directora del establecimiento en el momento de los hechos, el fiscal considero que al tomar el cargo tenía la responsabilidad de realizar un inventario completo no solo del edificio sino también del predio, por lo que al conocer de lo que quedaba del deposito de herramientas se podría haber ordenado su demolición.

López Soto remarco que se habían enviado a niños para realizar un trabajo de demolición, el cual tendría que haber sido realizado por adultos.

 El rostro de la pobreza

El 16 de junio de junio de 2013, El Tribuno publicó una nota en donde, con mucho dolor, Gabriela Durán recordaba a su pequeño hijo Ezequiel Cardozo, quien días antes había muerto luego de que se le cayera una pared encima en el Hogar Escuela.
El niño y dos de sus siete hermanos estudiaban en el Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes, donde vivían de lunes a viernes, por la crítica situación social por la que atravesaba su familia.
En aquella oportunidad, habitaban una humilde vivienda de bloques y chapa en el asentamiento Divino Niño, en la zona sudeste. Con desconsuelo, Gabriela solo se limitaba a pedir Justicia, que llegó más de cuatro años después.
“Pensé que él iba a tener ahí la mejor educación para lograr todo lo que quería, porque somos pobres pero teníamos muchos sueños”, le dijo la madre a este diario. Y agregó que Ezequiel ya había decidido lo que quería hacer el resto de su vida. “Voy a ser detective para buscar a los chicos secuestrados y devolverlos a su mamá”, decía.
La mujer estaba separada hacía tiempo del padre de los chicos y recorría oficinas de Gobierno con un proyecto que podía ayudarla a reorganizar su familia. 
Quería conseguir un horno para hacer pan o facturas y vender en una feria vecinal que se hacía los fines de semana cerca de Divino Niño. Pero la respuesta que conseguía, en ese momento, era que no encontraban los papeles de su pedido.