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Expertos de la Policía Federal desactivan los artefactos explosivos hallados frente a la Central de Policía.
El legislador Gabriel Solano y dos abogadas realizaron una presentación judicial para ser aceptados como querellantes en la causa que investiga la colocación de dos artefactos explosivos en la puerta del Departamento de Policía el pasado 5 de enero.
18 DE Enero 2018 - 19:25
El legislador porteño del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, y dos abogadas de esa fuerza política realizaron hoy una presentación judicial en Comodoro Py para ser aceptados como querellantee en la causa que investiga la colocación de dos artefactos explosivos en la puerta del Departamento de Policía el pasado 5 de enero.
Estamos en los Tribunales de Comodoro Py para presentarnos como querellantes en la causa por el artefacto explosivo en el edificio de la Policía Federal. Queremos que se investigue al Estado para saber si fue quién involucró a nuestro partido en el hecho.
— Gabriel Solano (@Solanopo) 18 de enero de 2018
Los explosivos, que fueron hallados por un bombero debajo de un carro de asalto de la Guardia de Infantería en la calle Virrey Cevallos, fueron hallados con un mensaje atribuido al Partido Obrero y, aunque los líderes de la fuerza de izquierda negaron responsabilidad en el hecho, el Gobierno denunció que formaba parte de la "violencia política".
Por esa razón, el partido trotskista denunció una campaña en su contra y ahora pidió ser admitido como querellante para que "se clarifique si el Gobierno y el Estado están detrás de esta provocaciones", que se dan "en un contexto de creciente criminalización y persecución política contra el movimiento popular".
Gabriel Solano, legislador del PO
Para el PO, tanto esta circunstancia que rodea el "supuesto atentado" frente al Departamento de Policía como el encarcelamiento de dos militantes de esa agrupación tras la manifestación del 18 de diciembre frente al Congreso contra la reforma previsional, apuntan a "amedrentar a la población para que no se movilice contra las políticas del Gobierno".
"El juez debe desentrañar entonces si se trató de una nueva y más grave agresión del Estado contra nuestra organización", concluyó el comunicado del PO.