El Gobierno nacional puso en la mira dos cuestiones que tendrán incidencia en la política judicial que adopte: los presupuestos de la Corte Suprema de Justicia y para el Consejo de la Magistratura. 

Para la Corte Suprema

Para la primera, estudia la manera de penetrar el cerco que lo separa del suculento Fondo Anticíclico que supera los $26.000 millones, una ‘caja‘ hasta ahora inasible. Para el órgano de selección y remoción de jueces que se encarga de la administración de fondos para el Poder Judicial deparan otras penurias. Ostenta un déficit de $4 mil millones para terminar el año y tiene otorgadas partidas que aún no se han cumplimentado. 
El combo explosivo por los fondos que impacta en las arcas públicas en período de ajuste pasó como un tema secundario del almuerzo del presidente Mauricio Macri con su homólogo de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Sin embargo, la aritmética es feroz y anticipa una pelea que el Poder Ejecutivo viene dilatando, sobre todo al calor de los fallos que puedan llegar del máximo tribunal. 
‘¿Sabes lo que es el poder? Tener recursos para soportar que el Ejecutivo no envíe partidas y que la Corte pueda aguantar tres años sin tener que pedirle nada a nadie‘. La frase fue pronunciada a mediados del año pasado por alguien que habita el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Hacía referencia al denominado Fondo Anticíclico creado bajo la gestión de Ricardo Lorenzetti que, creado en 2008, tenía por objetivo reinvertir las partidas presupuestarias excedentes que no hubieran sido ejecutadas en una serie de plazos fijos e inversiones que en una década treparon a una suma varias veces multimillonaria. El expresidente de la Corte, antes de despedirse del cargo, comunicó que la reserva de fondos ‘intocable‘ había alcanzado el récord de $26.000 millones, en septiembre pasado. 
No sólo fue un gesto de autocelebración, sino que constituyó una señal para el poder político y para su sucesor, cuyo perfil no permitía todavía avizorar que en casi dos meses de gestión, implotara el equilibrio interno de la Corte con una sucesión de enfrentamientos con sus pares que terminó delimitando un bloque opositor que es capaz de formar mayoría. 
El Gobierno tuvo otro cimbronazo la semana pasada, cuando el peronismo le asestó un golpe político que, aunque no hace peligrar su superioridad numérica dentro del Consejo, evita el modelo ‘escribanía‘, temido en tribunales. Catástrofes surgidas de una sucesión de errores no forzados. 

Rosenkrantz se encuentra en una encrucijada: para empezar a abrir esa caja fuerte deberá primero desembarazarse del administrador general Héctor Daniel Marchi, a quien busca reemplazar desde el primer día de su gestión. 

El Consejo de la Magistratura

Hay un dato no menor: el Consejo le debe casi $4 mil millones a la Corte y el Gobierno está congelando partidas aprobadas para otorgar aumentos. Hace un mes, le enviaron una carta a Marcos Peña solicitando los fondos por $1.605 millones para aumentos. No hubo respuesta. Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco abordaron el tema en el almuerzo privado con Macri. 
Para 2018 les habían asignado $4.700 millones, poco más de la mitad de lo presupuestado. De los $1.600 millones, $1.400 eran para el Consejo. El detalle de la charla es un misterio. Pero sus pares le reclamaron precisiones en la última (y friccionada) reunión de ministros. Forzaron el envío de una carta firmada por los cinco ministros exigiendo el cumplimiento del giro del dinero. La pelea no está resuelta. Para el año próximo la Casa Rosada dio luz verde para el pedido íntegro de los $8.280.536.422.

El Gobierno le cuenta que quiere que el Poder Judicial se ‘ajuste‘. En esa bolsa coloca impuesto a las Ganancias para jueces, funcionarios y empleados de tribunales (y jubilados judiciales). Eso sin mencionar cómo sufre por posible fallo adverso en materia previsional que también altera los cálculos del arqueo de caja. 

Avanzan intentos de auditoría 

Para el Consejo avanzan intentos de auditoría. Los santiagueños que desembarcarán a partir de hoy de la mano de Ada Itúrrez de Cappellini ya solicitaron datos e informes sobre la aplicación del dinero de gestiones anteriores, lo que generó corrillos indisimulables dentro del órgano de selección y remoción de jueces del que dependen los sueldos de plantilla y que solicitó para 2019 poco más de $35 mil millones.

Fuente: Ambito Financiero