El obispo de la Diócesis de Orán, monseñor Luis Antonio Scozzina, consideró un "acto de justicia" acompañar y compartir un almuerzo con las familias violentamente desalojadas del barrio 18 de Marzo, de la ciudad de Salvador Mazza, donde por orden judicial también se destruyeron las viviendas construidas tres años atrás y censadas por Cáritas Orán en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado en 2016.

El prelado consideró "un acto de justicia" acompañar a esas familias que fueron "violentamente desalojadas por la Policía del lugar, ejecutando una orden del Poder Judicial que avaló la destrucción total de sus viviendas".

Monseñor Scozzina fue al encuentro de estas familias, que hace un mes volvieron a entrar al predio "cobijadas por unas carpas y sin nada", constatando la situación de desamparo y olvido por parte de las autoridades nacionales y locales.

La cercanía le permitió al obispo "escuchar el grito y la angustia de tantas familias y la precariedad de tantos niños en situación de riesgo", aseguró, por lo cual advirtió que desde el Obispado buscará la manera de articular acciones con otras instituciones para brindarles la contención necesaria.

Al mismo tiempo, agregó monseñor Scozzina, pudo experimentar "la gratitud y la confianza en la Providencia que te da el pobre, el marginado, el que padece la injusticia, sentir que mi presencia fue un consuelo para ellos".

El Obispado también lamentó la destrucción de viviendas construidas hace tres años por los vecinos y censadas por Cáritas Orán en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares, creado por el decreto nacional 358/2017.

El desalojo violento se produjo semanas antes de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la ley que dio un marco jurídico al ordenamiento de los barrios populares y pese a estar los habitantes del barrio debidamente registrados en el Régimen de Integración Socio-Urbana y Regularización Dominial (ReNaBaP).

La norma, destacó Cáritas Argentina, "sienta las bases necesarias para generar procesos de regularización dominial e integración urbana, para que muchas personas y familias, especialmente los más empobrecidos, puedan acceder a los derechos básicos de tener tierra y techo".

"La ley suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea a través de cooperativas de trabajo", subrayó el religioso.

"Fue un procedimiento injusto de la Justicia sin tener en cuenta un decreto nacional", finalizó Scozzina.

Fue relevado en 2016

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Secretaria de Integración Socio Urbana certificó que el barrio "Dieciocho de Marzo" ubicado en el municipio de Salvador Mazza, se encuentra incluido bajo el id 3.113 en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, creado por decreto nacional 358/2017.

El trabajo de identificación de los barrios en Salvador Mazza se hizo en octubre de 2016, en el que se caracterizaron 7 barrios, entre los que se encuentra "Dieciocho de Marzo", que contaba a esa fecha con 73 familias.

Por otro lado, dentro del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) se hizo el relevamiento de viviendas, donde pudieron constatar que alrededor del 40% de las personas identificadas eran menores de 14 años.

El desalojo

La Policía de Salta, tras la orden judicial correspondiente, efectuó el desalojo el 20 de junio pasado en los terrenos del barrio 18 de Marzo de Salvador Mazza.

Las afectadas fueron alrededor de ochenta familias que se habían instalado en el lugar cerca de tres años atrás y que luego de la acción violenta de la Policía pasaron la noche en carpas cercanas al lugar donde residían.

En la causa intervino la Fiscalía penal de Salvador Mazza, a cargo del fiscal Armando Cazón. En la notificación del desalojo constaba que los terrenos debían ser reintegrados al señor Manuel Reinaldo De la Fuente.

La noticia tomó estado público nacional porque al momento de ser deslojados los vecinos, en el lugar había tres trabajadores del ReNaBap, de Buenos Aires, cuyas respectivas organizaciones sociales armaron una marcha en la Capital Federal parea solicitar su inmediata liberación, dado que habían sido detenidos junto a un menor que a las 24 horas también fue liberado.

El caso actualmente está en vía muerta, dado que los vecinos volvieron a ocupar sus parcelas y se amparan en la ley que los protege. También dijeron que Cazón actuó de manera apresurada.