El Gobierno nacional apura la reforma del Código Penal en el Congreso con el envío de un proyecto de alto impacto, que endurecerá las penas por cortes de tránsito no autorizados y creará una figura penal para castigar a los extranjeros que incumplan la prohibición de entrar al país.

La propuesta ingresará al parlamento tras los violentos incidentes frente al Congreso a fines del mes pasado, por los que estuvieron detenidos cuatro extranjeros que el Gobierno quiere que vayan a juicio abreviado para que sean deportados “lo antes posible”.

El presidente Mauricio Macri ordenó la agilización de la redacción del proyecto para enviarlo al Senado, con el objetivo de que empiece a debatirse después del tratamiento del Presupuesto 2019. Se prevé que el debate de la propuesta lleve mucho tiempo, ya que forma parte de la postergada discusión de la Reforma del Código Penal.

El proyecto contempla penas de entre seis meses y dos años de cárcel a quienes “detengan o entorpezcan” sin autorización del Estado la circulación de los servicios de transporte público y privado (actualmente las sanciones tiene un máximo de dos años).

Además el juez que actúe en cada caso de bloque de tránsito deberá analizar si hay caminos de circulación alternativos, que no haya lesiones y daños y la urgencia del reclamo, entre otras cuestiones.

En los últimos meses crecieron las movilizaciones con cortes de tránsito en la Ciudad, a la par de la crisis económica, aunque el Gobierno ve razones políticas detrás de muchas de estas protestas.

La reforma del Código Penal incluye además la sanción con la cárcel a los migrantes que usen documentación apócrifa y a quienes vuelvan a entrar a la Argentina después de haber sido expulsados por la Justicia. Actualmente esta figura no tiene castigo.

En paralelo el Gobierno impulsa con el peronismo el endurecimiento de la ley migratoria para agilizar las expulsiones de extranjeros que delinquen. Justamente este es uno de los principales reclamos del jefe de la bancada del PJ en el Senado Miguel Ángel Pichetto.

La reforma del Código Penal está a cargo de una comisión que encabeza el camarista Mariano Borinsky. Entre los cambios y agregados a la antigua letra del Código, sancionado en 1 921, propone entre otros tipificar sanciones por delitos de corrupción entre privados, condenas de hasta diez años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos por financiamiento ilegal de la política, incorporar los delitos de lesa humanidad y genocidio y endurecer penas para la violencia en espectáculos deportivos.