El 10 de diciembre de 1983, exactamente hace 35 años, el radical Raúl Alfonsín juraba como el primer presidente de la Nación electo democráticamente después de casi ocho años de dictadura. Ante el hemiciclo del refundado Congreso Nacional, el nuevo mandaratio prometió la inmediata derogación de la ley de autonomía con que los militares intentaron eludir sus responsabilidades en la llamada "guerra sucia" y aseguró al pueblo argentino que durante su mandato se haría justicia.

El discurso completo: 

"Venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales objetivos del gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar: la política nacional e internacional, la defensa, la economía, las relaciones laborales, la educación, la salud pública, la Justicia, las obras de infraestructura, los servicios públicos y todas las otras cuestiones que reclaman la atención del pueblo, de los gobernantes y de los legisladores.

Pero queremos decir, también, que entre todas las áreas habrá un enlace profundo y fundamental: que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia: la rectitud de los procedimientos.

Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad.

Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de construir la unión nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética. Ese sentimiento ético, que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la Justicia, quiere decir, también, que el fin jamás justifica los medios.

Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano.

Pero nuestro compromiso está aquí, y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno de sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos. Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, los de las siguientes dos generaciones.

(...) La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política. Mediremos, en consecuencia, nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano. Pero nos empeñaremos, al mismo tiempo, en la lucha por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en que viven los hombres, y por mejorar a los hombres mismos, en términos previsibles, sería hundirnos en la ciénaga del conformismo. Y toda inacción en política, como dijo el actual pontífice, solo puede desarrollarse sobre el fondo de un gigantesco remordimiento. La acción, ya sabemos, no llevará a la perfección: la democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones.

(...) Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas.

Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente: ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción. La independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales. Por un lado, el protagonismo popular. ¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado para mantener su independencia? La democracia será desde el primer momento, una fuerza movilizadora. La democracia moviliza siempre, mientras que el régimen desmoviliza.

El régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos.

Por otra parte, requiere la moralidad administrativa, la conducta de los gobernantes. Seremos más que una ideología, una ética. La lucha contra los corruptos, contra la inmoralidad y la decadencia es el reaseguro del protagonismo popular. Las dos cosas, en realidad, van juntas: no se puede luchar contra la corrupción, que está en las entrañas del régimen, sino a través del protagonismo popular, pero no se puede preservar el protagonismo popular sin sostener una política de principios, una ética que asegure su perduración ¿De qué serviría el protagonismo popular, de qué serviría el sufragio, si luego los gobernantes, elegidos a través del voto, se dejaran corromper por los poderosos?

El sufragio tiene diversos sentidos simultáneos. Por una parte, el voto implica la posibilidad de que gobierne el pueblo y de que el Estado sea independiente. Por otra parte, expresa la existencia de una regla para obtener legitimidad, ya que el pueblo no puede expresarse por sí mismo y el llamado espontaneísmo nunca existe en la realidad. A través del sufragio, el pueblo tiene la forma de elegir a sus gobernantes y a sus representantes. No puede elegirnos a través del motín. La violencia está inhabilitada para ser la forma permanente de manifestación del cambio.

(...) La creencia en los métodos violentos para tomar el poder y ejercerlo implica que son razonables los puntos de vista de quienes manejan mejor las armas, o de quienes están más armados. Ese concepto fue objetado ya desde 1890, y fue objetado en medio de una revolución. La violencia era el régimen, y esa violencia del régimen no debía ser reemplazada por otra de distinto signo, sino por el sufragio. Históricamente nos opusimos a que una pequeña minoría de la población considerada a sí misma como población combatiente, eligiera al gobierno en reemplazo del pueblo. Por eso luchamos para defender el derecho a elegir el gobierno, pero solo para defender el derecho del pueblo a elegirlo. Esa distinción rechaza desde siempre a la filosofía de la subversión. Pero debe tenerse en cuenta que la Constitución y las leyes son subvertidas, también, por minorías armadas, que reemplazan la ley por las balas, tanto a través del guerrillerismo, como a través del golpismo. Por eso, señalamos categóricamente que combatimos el método violento de las élites, derechistas o izquierdistas.

En un contexto internacional cada vez más interdependiente, el sufragio garantiza la inserción de la Argentina en el mundo como nación independiente, mientras que la violencia de uno u otro signo impide la inserción del país en el mundo o lo convierte en teatro de operaciones donde los actores pierden su propia iniciativa y el Estado en consecuencia, pierde su independencia, arriesgando que el gobierno emergente de esa lucha no sería ya decidido por la población sino por el acuerdo o desacuerdo en la mesa de negociaciones de las superpotencias.

(...) La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad. La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebrantamiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, miseria, inmoralidad, decadencia, improvisación, falta de libertades públicas, violencia y desorden. Mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la Constitución y la ley, pero ya todos saben qué significa vivir fuera del marco de la Constitución y la ley.

La voluntad del pueblo, a través de sus representantes, se hace presente hoy en este augusto recinto par dar testimonio de que se inicia en estos instantes una nueva etapa de nuestra vida nacional. La noción de ser protagonistas de este nuevo comienzo, que será definitivo, nos inspira a todos un sentimiento de responsabilidad acorde con el esfuerzo que hoy emprendemos juntos, y nos infunde el valor para afrontar un conjunto de dificultades muy graves que acosan a nuestra patria.

Esas dificultades son múltiples e inmensas, bien lo sabemos, pero vamos a salir adelante, con la fe y el empuje necesarios, porque tenemos sin duda los recursos, la voluntad y el coraje. Y sobre todo, porque en este empeño estamos todos unidos.

(...) El Estado en que las autoridades constitucionales reciben el país deplorable y, en algunos aspectos, catastrófico, con la economía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones del empobrecimiento, con situaciones sociales que reflejan crudamente el impacto de la miseria, con un endeudamiento de insólito volumen y de origen muchas veces inexplicable, que compromete gran parte de los recursos nacionales para un largo futuro, con una inflación desbordada cuyos efectos son una verdadera afrenta para los hombres que producen y trabajan, con un clima de arbitrariedad, atropello e incertidumbre creado por la absurda pretensión de gobernar por el miedo y la prepotencia, con la cultura postergada y perseguida en muchas de sus expresiones, con la educación y la salud relegadas a un segundo plano y consiguientemente convertidas en privilegio de los menos, con una situación internacional agravada por decisiones irresponsables cuyas consecuencias se transfirieron imprudentemente a un futuro y que ahora vienen a depositarse en nuestras manos; con la carga afligente de todos esos males, cuya cuenta precisa y detallada puede ser excusada aquí por ser bien conocida, tendremos que enfrentarnos, a partir de hoy, no solo a la tarea de corregirlos y eliminarlos para siempre, sino a la de echar los cimientos de la Argentina libre, grande, próspera, fraterna y generosa que queremos. Y lo hacemos, desde luego, juntos y unidos en esa decisión reparadora que todos compartimos.

Esa decisión, repito, que tiene que ser, que ya es, el motor que impulsa nuestra marcha hacia delante. Si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad. Si algo podemos prometer hoy, sin temor a errar, es que esa voluntad, tan firme y tan constante como las circunstancias lo requieran, no habrá de faltarnos nunca.

Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido, pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de control que la misma Constitución ha previsto, y de la periódica renovación de los poderes mediante el ejercicio del sufragio. Vamos a vivir en libertad.

De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar Justicia –toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales–, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.

Termina hoy el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país. Eso quiere decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del estado de Derecho y de las libertades públicas y quiere decir, también, que los ciudadanos reasumen el pleno ejercicio de sus responsabilidades. En la Argentina existió una larga tradición de libertades públicas, oscurecida durante los últimos años por la arbitrariedad y la irracionalidad. Esto llevó al miedo, a la indiferencia producida por ese miedo, a la ausencia de participación de los argentinos en los problemas de los argentinos, a la falta de renovación en las personas, a la asfixia de la imaginación.

La teoría de la seguridad fue esgrimida para evitar la vida libre, sincera, franca y espontánea de nuestra gente. La aceptación de esa teoría implicó el pago de un precio muy alto por una seguridad que jamás puede alcanzarse sin la participación popular, aún a costa del desorden de superficie. Hemos vivido, así, bajo el pretexto de la seguridad, en una inseguridad monstruosa y bajo el predominio de las ideas que privilegiaban a la autoridad en una virtual acefalía del gobierno, en una feudalización del poder, en una increíble confusión sobre los roles que correspondían a cada uno de los engranajes del Estado.

La seguridad, sin libertad, pierde todo su contenido. Los argentinos no se sentían  seguros y sabían que podían ser detenidos, o aun sufrir peor suerte, sin posibilidad alguna de defenderse. Los órganos supremos del Estado dividiéndose entre sus componentes, agrupándose, disolviéndose o reapareciendo sucesivamente; los argentinos expuestos a la muerte o muriendo efectivamente sin participar de ninguna de las decisiones; todo eso era lo contrario de la verdadera seguridad, que se nutre de la libertad y de la responsabilidad.

Nuestra filosofía se basa en ideas distintas: la seguridad del Estado no puede sostenerse sobre la inseguridad de la comunidad nacional. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo.

El pasaje a la libertad requiere una creciente comprensión de los ciudadanos sobre la importancia de cada uno de los actos que influyen sobre el conjunto social. Las libertades concretas implican libertades sociales, acceso a la educación, posibilidad de justicia igualitaria, derecho a la salud, resguardo de su intimidad y también, por supuesto, derecho al orden que el gobierno democrático garantizará con los medios que las leyes ponen en sus manos. El país ha vivido frecuentemente en tensiones que finalmente derivaron en la violencia espasmódica del terrorismo subversivo y una represión indiscriminada con su secuencia de muertos y desaparecidos. La lucha entre sectores extremistas, así como el terrorismo de Estado, han dejado profundas heridas en la sociedad argentina. La manera de restañar esas heridas no puede girar en torno a venganzas o resentimientos que serían innobles en sí mismos, cuando no inmorales en muchos casos, en cuanto pudieran comprometer al destino del país en estériles fijaciones sobre el pasado. Pero la democracia tampoco podría edificarse sobre la claudicación, actuando como si aquí no hubiera ocurrido nada.

Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. La Justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento. Más allá de las sanciones que pudiera determinar la Justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas. Esto no exime de tremendas responsabilidades al terrorismo subversivo, que debió haber sido combatido con los medios que la civilización actual pone en manos del Estado y no a través del empleo de medios similares a los condenados por el conjunto de la comunidad nacional.

(...) En la vida democrática, los ciudadanos tendrán la tranquilidad que necesitan. La democracia es previsible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquél asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos. La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo. Estamos cargados de ideales y de sueños que vamos a realizar en forma honesta y razonable. Contamos con la amplia y comprensiva disposición al diálogo de la oposición (...). 

El diálogo, para ser efectivo, será un diálogo real que presupondrá el reconocimiento de que no tenemos toda la verdad, de que muchas veces habremos de equivocarnos y que hemos de cometer errores humanos. ¿Para qué escucharíamos si no estuviéramos dispuestos a rectificar conductas? ¿Para qué rectificaríamos conductas si no pensáramos que ellas pueden ser equivocadas en algunos casos?

(...) La democracia no se establece solamente a través del sufragio ni vive solamente en los partidos políticos. La democracia necesitará que el conjunto de la sociedad exprese aún las temáticas específicas desde el compromiso representativo y republicano.

(...) Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante. Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos. Esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano, que debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercicio de los resentimientos. 

El orden presupone el rechazo de las violencias particulares, pero no solamente de la violencia terrorista sino también de la violencia que se perpetra sobre el alma de los argentinos para tratar de empujarlos hacia las ideas autocomplacientes y decadentes. El gobierno democrático también impulsará una vigencia efectiva del federalismo constitucional. Nuestra Ley Fundamental estableció un sistema de poderes articulado en torno a un Poder Ejecutivo fuerte compensado por un Poder Judicial también fuerte e independiente y un Poder Legislativo con representación activa del pueblo y de las provincias. 

(...) Todos los habitantes de esta república podrán saber lo que ocurre, sin que la información vuelva a ser jamás reemplazada por una guerra psicológica que se perpetró contra el pueblo argentino, generando una verdadera muralla de incomunicación entre los gobernantes y los gobernados e impidieron así la realimentación de un circuito que sirve a la gente común, con derecho para juzgar y opinar, pero que también sirve a las mismas autoridades. En la administración de los medios transitoria o definitivamente en manos del Estado, así como en la administración de la agencia oficial de noticias, existirá juego limpio; los instrumentos del Estado no son propiedad privada de los gobernantes ni de un partido, sino de todos los argentinos.

A través de esos medios, así, se expresará la natural pluralidad de la república democrática, a través de todos sus matices. Terminó la confusión entre organismos oficiales, o momentáneamente intervenidos por el gobierno y organismos oficialistas. A través de todas las vías en que pueda influir, el gobierno transmitirá la natural diversidad de opiniones de los ciudadanos, sin censuras ideológicas y sin discriminaciones.

Y esta decisión de cumplir con nuestro deber, como corresponde, se fundamenta también en razones prácticas; en primer lugar, nosotros mismos necesitamos de la constante realimentación del circuito informativo para saber en cada momento cómo reaccionan los distintos sectores de la opinión pública; en segundo lugar, porque la razón de ser de un gobierno constitucional y democrático implica el reconocimiento de la diversidad. Si negáramos u ocultáramos esa diversidad, negaríamos u ocultaríamos nuestras razones de vivir y de luchar. El ciudadano común percibirá, de la mañana a la noche, la diferencia entre el autoritarismo y la democracia. Puedo asegurar que seremos totalmente honestos, desde el punto de vista intelectual, en la administración de los medios de comunicación en manos del Estado (...) El ejercicio de la libertad será también didáctico, otorgando razones para que los argentinos se sientan copartícipes responsables de la vida de su país y puedan, así, imaginar nuevas soluciones, nuevos caminos, corrigiendo, proponiendo o estimulándolos”.