Es imposible predecir qué impacto tendrá en la sociedad argentina la puerta que fue abierta esta semana a partir de las denuncias por abuso sexual de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, o la de Claudia Guebel contra el senador radical Juan Carlos Marino. Lo que sí es cierto es que hay un sector de la sociedad que está exigiendo un cambio en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y por segunda vez en estos tres años de gobierno (la primera fue la habilitación de la discusión por el aborto), el presidente Mauricio Macri respondió a las demandas con política.

Por un lado, en un acto en la residencia presidencial de Olivos acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez y la primera dama Juliana Awada, Macri lanzó el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020, que apunta a que el Estado impulse una serie de medidas para luchar contra la violencia de género y la desigualdad que marca las relaciones profesionales entre hombres y mujeres.

El plan cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y el Banco Interamericano de Desarrollo y es el primero en el que se convocan a todas las áreas de la administración pública nacional, con consultas a actores de la sociedad civil, el sector privado y los sindicatos.

Según la información oficial, el objetivo es "llevar adelante un proceso de diálogo y elaboración conjunta destinado a generar, sistematizar y promover iniciativas existentes, generar nuevas políticas públicas y, principalmente, garantizar la introducción efectiva de la perspectiva de género en el Estado".

Durante el acto de presentación, Macri se refirió a las denuncias de abuso sexual y remarcó que "lo que antes parecía normal ya no corresponde". "Es un orgullo estar todos juntos en una semana especial que estamos viviendo en la Argentina. Todos tenemos que entender que esta revolución de las mujeres es un eje del siglo que estamos viviendo. Todo esto que nos pasa nos involucra a todos", sostuvo el Presidente en su discurso.

Y agregó: "No tenemos que tenerle miedo a la verdad. Que salga la verdad es sanador. Es bueno que estemos hablando de los temas reales, verdaderos. Hay un cambio de época y lo que antes parecía normal ya no lo es. Lo que pensábamos que era natural no corresponde. Mucho más en la visión de los hombres".

Las metas

Las metas específicas que plantea el Poder Ejecutivo a través del PIOD incluyen promover el aumento de las mujeres en espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito público como privado; mejorar el acceso, permanencia y condiciones de trabajo de las mujeres en el mercado laboral; fomentar la reducción de la brecha salarial de género; prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia; fortalecer la educación sexual integral y promover el acceso a la anticoncepción.

Pero además, el Gobierno escuchó el reclamo de un grupo de diputados opositores que le envió una carta al Presidente para reclamar que en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso sea incluido el proyecto conocido como "Ley Micaela", que establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

La "Ley Micaela"

En ese sentido se expresó la legisladora Lucila De Ponti: "Nosotros insistimos en que se vote la ley porque no nos alcanzan los anuncios o declaraciones que se hacen cuando se mediatiza un tema, pero que después no se llevan a la práctica. Sancionar este proyecto, acordado desde diversos bloques, garantiza avanzar en la implementación efectiva de estas políticas".

En la misma línea, la diputada Analía Rach Quiroga, una de las autoras del proyecto que hace referencia a Micaela García, la joven que fue abusada y asesinada por un hombre en la ciudad entrerriana de Gualeguay en abril de 2017, destacó que "resulta urgente el tratamiento de esta ley porque es obligación del Estado generar políticas y herramientas tendientes a prevenir, capacitar y sensibilizar en la lucha contra los femicidios".

La carta fue firmada por los legisladores De Ponti, Leonardo Grosso, Silvia Horne, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita); Victoria Donda (Somos); Facundo Moyano, Daniel Arroyo (Red por Argentina); Cecilia Moreau, Mirta Tundis (FR); Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Analía Rach Quiroga, Cristina Álvarez Rodríguez (FpV-PJ); y Pablo Kosiner (Justicialista).

Fuente: Infobae