El Poder Judicial liberó a los hermanos Axel Ezequiel Abraham Salomón y Kevin Gamal Abraham Salomón, los dos jóvenes musulmanes acusados de tenencia de arma de guerra y acopio de armas y municiones en una causa que instruye el juez federal Sebastián Ramos, y por la cual estuvieron 22 días detenidos, a pesar de que las armas incautadas pertenecían a una herencia familiar. Ahora el magistrado dictó la falta de mérito de uno de ellos y mantuvo el procesamiento del otro por alojar en su casa del barrio de Floresta el arma de su bisabuelo. 

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, había anunciado la detención de los jóvenes después de los allanamientos a su casa, a raíz de una presentación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que había dado crédito a una denuncia anónima.

Inclusive el mismo Ministerio había llegado a decir que “serían partidarios del grupo terrorista Hezbollah y habrían recibido entrenamiento militar en distintos viajes por Medio Oriente”.

Ismail Jalil, abogado de los jóvenes, por su parte, desde un primer momento advirtió que se trataba de “un burdo armado” que se caería con rapidez, mientras la comunidad árabe denunciaba que la detención de los Abraham Salamón era "un mensaje de disciplinamiento" hacia todos ellos. 

Los padres de los dos jóvenes también defendieron su inocencia y subrayaron que las armas incautadas eran una herencia de la familia. “Somos musulmanes, no terroristas. Las armas fueron herencia de un abuelo y estaban guardadas”, destacaron al denunciar los prejuicios en su contra.

“No entiendo por qué quieren estigmatizar tanto, debe ser porque somos musulmanes, pero no me voy a ir de mi país, no voy a negar mi religión. Mire si no somos argentinos, tengo un primo que fue a la guerra de Malvinas”, había dicho Salomón.

Anarquistas procesados y con preventiva

Distinta fue la suerte de la docena de anarquistas que fueron detenidos en otros sucesos previos al G-20. El juez federal Julian Ercolini procesó con prisión preventiva a una decena de personas bajo la acusación de "intimidación pública" por la bomba que explotó en el cementerio de Recoleta, así como también por el artefacto arrojado en la vivienda del juez Claudio Bonadio el pasado 14 de noviembre.

Fuentes judiciales informaron el magistrado procesó a una decena de personas acusándolas de integrar una organización que cometió delitos contra la seguridad común "con el objeto de infundir temor público de modo de imponer sus ideas y combatir a las ajenas".

El magistrado dio a conocer la resolución después de analizar una gran cantidad de fotografías y ordenar pericias en unos 50 teléfonos celulares, junto al informe que confirma que los explosivos tenían similitudes en su armado y materiales.

Investigadores realizan pericias en el cementerio de La Recoleta

Ercolini mantuvo la prisión preventiva de diez de las personas detenidas en la causa y, al mismo tiempo, se les trabó un embargo de un millón de pesos y se dictó la falta de mérito para los únicos dos excarcelados en la investigación.

La resolución involucra a Anahí Salcedo y Hugo Rodríguez -quienes colocaron la bomba que finalmente explotó en la tumba del coronel Ramón Falcón en el cementerio de La Recoleta- y Marco Viola, la persona que arrojó un explosivo a la casa del juez Bonadio.

Para el juez Ercolini se corroboró que Hugo Alberto Rodríguez, Gastón Cárdenas, Julieta Fernández, Clarisa Cárdenas, Juan Manuel Rodríguez, Ernesto Marinageli, Roberto Omar Medina, Álvaro Gonzalo Godoy, Marcelo Oscar Medina y Marco Nicolás Viola "formaron parte de una organización -también integrada por Anahí Esperanza Salcedo-".
Según señaló el juez, dispusieron de distintos objetos, entre ellos material explosivo y elementos para su fabricación e instrumentación, con el fin de "utilizarlos para la comisión de delitos contra la seguridad común".
Fuente: Página 12 y agencia NA