El convenio firmado entre la Municipalidad de Salta y la Provincia, el 22 de marzo pasado, para realizar controles vehiculares conjuntos dentro de la capital salteña aún genera controversia. Pasaron poco más de dos años, y varias discusiones de carácter recaudatorio en el medio, para que se establezca ese acuerdo clave en seguridad vial, pero cuestiones burocráticas podrían derivar en que lo actuado hasta ahora se considere nulo.
Desde el día en que el intendente Gustavo Sáenz y el ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Oliver, firmaron el convenio, los agentes de la Policía Vial comenzaron a actuar en distintos puntos de la ciudad. Hicieron centenares de actas de infracción por falta de papeles, por alcoholemia positiva y secuestraron vehículos. Todas esas sanciones no tendrían validez, según interpreta Ernesto Alvarado, presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Concejo Deliberante.

El edil explicó a El Tribuno  que el acuerdo debe ser ratificado por el Concejo para que entre en vigencia. Así lo establece, según dijo, uno de los artículos del mismo documento y la Carta Orgánica Municipal.

“La Carta Municipal dice expresamente que el Ejecutivo puede firmar convenios, pero después lo tiene que aprobar el Concejo”, señaló Alvarado.
Afirmó, además, que las actas labradas por la Vial “no son válidas y no corresponden, porque el convenio no tiene la legalidad que tiene que tener”.

Si el planteo resulta legítimo, cabe esperar una ola de pedidos de nulidad de multas, en algunos casos onerosas, por parte de los infractores sancionados en las últimas semanas por policías viales en la Capital.
Quien ya se adelantó en esa línea fue Carlos Cruz, titular de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros (Asimm). El dirigente aseguró a este diario que si se comprueba que lo actuado por la Vial no fue legal, harán un pedido formal para que se revoquen las multas que se le aplicaron a los cadetes que representa.
Dio a conocer que en las casi tres semanas que transcurrieron desde la firma del convenio fueron secuestradas 150 motos por parte de la Policía.
“Estamos a favor de los controles viales, pero las normas se deben cumplir en todos los estamentos”, sostuvo Cruz, quien agrupa en su sindicato a 470 afiliados, más otros 1.500 cadetes que trabajan, en su mayoría en negro, en las 47 mensajerías que existen en Salta.
A todo esto, el representante de la Unidad de Apoyo de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, Javier Solá, afirmó que lo actuado por la Vial se ajusta a lo que establece el convenio, por lo tanto no existe ninguna irregularidad. Indicó que lo “único” que deberá ratificar el Concejo Deliberante será el criterio de distribución de la recaudación por las multas que se establezca con la Provincia.
Esos parámetros todavía no fueron establecidos, aunque, de acuerdo a lo que dijo el funcionario, se terminarían por definir en esta semana.
Aseguró, también, que todas las actas de infracción que hizo la Policía en la ciudad fueron labradas con talonarios del municipio, por lo que el Tribunal de Falta de la comuna es el organismo encargado de administrarlas.

Reunión

Ayer en el Concejo Deliberante hubo una reunión para analizar los alcances del convenio entre el municipio y la Provincial. Participaron los miembros de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el juez de Falta Guillermo López Mirau y el representante de la Secretaría de Gobierno, Javier Solá.
Más allá de los planteos sobre la vigencia del acuerdo, los presentes coincidieron en la necesidad de los controles de la Policía Vial.