Mañana se podrá en marcha un debate sobre el futuro de la producción de Salta, cuando se reúna el Consejo Asesor Revisor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Las expectativas son pocas, porque los antecedentes no ayudan. Tanto la Sociedad Rural como Prograno piden un cambio sustancial de criterio.

El actual ordenamiento fue desarrollado en 2008 sin criterio productivo. Se gestó una suerte de "parque nacional sin presupuesto, sin guardaparques y sin criterios ecológicos". Se pintaron de amarillo cinco millones de hectáreas con cláusulas tan estrictas que es como si fueran rojas. Las zonas amarillas deberían ser las que requieren un cuidado especial por la fragilidad de los bosques nativos -fragilidad que se agudiza por el pastoreo sin manejo, la tala sin control y la economía de subsistencia- pero en el caso salteño se las convirtió en "intocables". Se paralizó la posibilidad de una evolución racional del territorio. De esta manera, tuvieron éxito las presiones de figuras de Greenpeace, como Juan Carlos Villalonga y Emiliano Ezcurra, redactores de la Ley Bonasso y ahora piezas clave del ambientalismo de Cambiemos. En enero, el ministro Sergio Bergman exigió que se suspendan desmontes y se reforesten 32 fincas, donde las tareas habían sido autorizadas por el Gobierno salteño. Aunque unos y otros reconocieron la jurisdicción provincial, Salta acató la sugerencia.

Ahora ambas partes volverán a encontrarse en un debate que, para la producción, es clarísimo: las zonas amarillas están congeladas; quien desmonta en forma ilegal lo arregla con una multa, y quien lo hace con permiso está condenado al quebranto.

Mañana no estará Bergman, pero sí el viceministro Diego Moreno, biólogo de Vida Silvestre. Por el ambientalismo estarán Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Redes Chaco, Fundapaz, Fundación para la Integración y Desarrollo y el Foro de Agricultura Familiar.

Para defender la producción están invitados Prograno, Federsal, Sociedad Rural Salteña, Cámara Regional de la Producción, Consorcios de Riego, el Centro de Obrajeros, Aproficsa, el INTA, Copaipa, la Asociación de Ingenieros Agronómos, Parques Nacionales, profesionales y académicos.

Contradicciones aparentes y dogmatismos inexplicables

El caso de las 32 fincas desmontadas y castigadas sigue dividiendo las aguas

El presidente de la Rural, Lucas Elizalde, ratificará mañana la férrea posición que expuso hace poco ante el Consejo Económico y Social. “Una revisión a favor de la actividad productiva”. El dirigente destacó la actitud de la ministra de la Producción, Paula Bibini quien pone en marcha un mecanismo de revisión que jamás se respetó. El ordenamiento debe ser revisado cada cinco años, pero nunca se cumplió.

La idea de la Rural es que se acuerde un cambio como para que con criterios ecológicos, sociales y productivos, una parte de lo que hoy está pintado de amarillo torne a verde.

El asesor rural Carlos Segón es escéptico. “Me asombra la convocatoria. Hace dos meses, la resolución 19/18 abortó la posibilidad de que continúen en vigencia 32 proyectos productivos autorizados en forma legal y legítima por el mismo Gobierno provincial, hace unos cinco años, sin que cambiara ninguna norma o resolución que así lo justificara”. Segón asegura que “la señora ministra no contesta y deja vencer los plazos de la diversas presentaciones de reconsideración y revocatoria efectuadas; tampoco atiende los prontos despachos solicitados. No hay diálogo. Entre tanto, los productores dilatan la triste decisión de despedir sus colaboradores”. Segón advierte que la convocatoria al Consejo se realizó “sin resolver un tema de vital importancia, que acarrea gravísimas consecuencias económicas que algún día la provincia deberá pagar”.

 “Lo más sorprendente es la participación del Ministerio de Ambiente de la Nación, al que en la resolución 19/18 le niega competencia alguna”, añadió el experto agropecuario. Cabe recordar que el viceministro Diego Moreno también negó jurisdicción del Estado nacional en el asunto.

 El presidente de Prograno, Santiago Bayón, fue cáustico: “Yo creía que el tema medio ambiente había sido utilizado para demonizar al campo por el Gobierno anterior, pero todo sigue igual”. El ordenamiento territorial, está claro, genera una grieta con futuro poco claro.