En medio de la crisis del ingenio San Isidro, cerrado y con arduas negociaciones dirigidas a tratar de venderlo en condiciones razonables, a nivel nacional dan señales de interés por la actividad azucarera. Esta producción ocupa 376 mil hectáreas cultivadas con caña que abastece a 20 ingenios y 16 destilerías.

La gestión de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía dejó un sabor amargo: la rentabilidad de la industria está atada a la producción sucroalcoholera, pero los ingenios no cuentan con garantías jurídicas, políticas ni comerciales. Hasta ahora, las petroleras siguen defendiendo su espacio y mezquinan al bioetanol porcentaje en las naftas y precio, y Aranguren las avaló mientras estuvo al frente de la cartera.

No es solo el bioetanol el problema.

San Isidro, al plantear el procedimiento preventivo de crisis, denunció incrementos de costos del orden del 35% anual promedio, a lo largo de 11 años, que superaron ampliamente los índices de inflación. Responsabilizaron, básicamente, a la conflictiva relación con el sindicato azucarero, que exigió incrementos salariales y nombramientos de personal que la empresa dice no necesitar. La auditoria del Ministerio de Trabajo de la Nación verificó en San Isidro "pérdidas recurrentes, sin rentabilidad; falta de liquidez; elevado endeudamiento y restricciones para el acceso a los mercados financieros".

El Plan Belgrano invitó al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, a la primera reunión de la Mesa del Sector Sucroalcoholero. "Queremos que todas las producciones expresen su potencial, generen empleo y reduzcan la pobreza", dijo Etchevehere.

La experiencia de San Isidro indica que, para el azúcar, el apoyo debe materializarse en decisiones políticas.