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El tribunal debe pronunciarse sobre un decreto de Macri de política migratoria; en la Casa Rosada lo consideran un caso testigo que puede marcar precedente.
10 DE Julio 2018 - 06:53
La Corte Suprema tendrá la última palabra en un pleito judicial en que se debate la constitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri en 2017. El caso mantiene en guardia al Gobierno, que necesitará hacer uso de ese instrumento mientras no tenga mayorías en el Congreso.
El frente judicial comenzó con una demanda colectiva que denunció la inconstitucionalidad del DNU que modificó la ley de migraciones y facilitó la expulsión del territorio nacional de extranjeros con antecedentes penales. El Gobierno recibió un fallo favorable en primera instancia, pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo sentenció la invalidez constitucional del decreto.
Más allá de la cuestión de fondo, el cuestionamiento que hizo la Justicia sobre las facultades que tiene el Gobierno para hacer uso de los DNU significó un antecedente preocupante para la Casa Rosada, que necesita de esa herramienta. Ejemplo de ello fue la reforma previsional, que el Gobierno evaluó sacar por decreto cuando se empantanó la discusión en Diputados.
En este contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación, que actúa como abogada del Estado en las causas de mayor relevancia institucional, presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte la que defina la discusión.
El Gobierno jugó esa carta en un contexto de tensión con el máximo tribunal. En los últimos días, por caso, los jueces de la Corte le solicitaron una actualización presupuestaria y advirtieron que podrían "paralizar" sus actividades.
El historial
Mauricio Macri firmó 36 DNU hasta febrero de este año, según www.chequeado.com
Veto a la ley antidespidos
A los seis meses de gobierno, Macri fue muy criticado por firmar un decreto para vetar la ley antidespidos o la llamada "doble indemnización"
Jubilaciones
En medio de los incidentes durante el debate sobre la reforma previsional, el Gobierno evaluó imponer por decreto el nuevo régimen, pero finalmente desistió ante las advertencias del costo político que tendría