En una audiencia judicial sobre el basural San Javier que se realizó a raíz de la denuncia por contaminación que impulsaron vecinos de la zona sudeste contra Agrotécnica Fueguina, la Municipalidad y la Provincia, ayer quedó expuesta la crítica situación del vertedero. La incertidumbre sobre el lugar donde se seguirá depositando la basura y la falta de estudios ambientales fueron algunas de las fallas que se plantearon.

No se dio fecha concreta sobre la habilitación de la trinchera cuatro y la que se usa actualmente agota su vida útil a fin de año.

"¿Hay plazos?". La pregunta del juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, sobre los tiempos para la obtención de la geomembrana necesaria para inaugurar el nuevo sector no tuvo respuestas concretas.

La trinchera cuatro que ya se debería haber habilitado en el predio de la zona sudeste necesita esta geomembrana para comenzar a funcionar. En tanto, la que se usa -la uno- fue reabierta hace más de dos años por el colapso de la tres, pero solo le quedan meses de vida útil.

Normando Zúñiga, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, sin dar fechas concretas, se limitó a responderle al juez que "se están realizando las gestiones necesarias con Nación".

El financiamiento del municipio va en contra de lo que ya advirtió en marzo del 2017 el Tribunal de Cuentas. Mediante la resolución 5.505 advirtió que no era responsabilidad del Ejecutivo la compra de la geomembrana. Por ello, la comuna tuvo que dar marcha atrás y la situación de la trinchera había quedado en la incertidumbre.

En el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Gustavo Sáenz indicó que había mantenido conversaciones con el ministro de Medio Ambiente de la Nación. "Si Dios quiere, vamos a tener la posibilidad de que la pague el Ministerio", dijo. Finalmente la financiaría el municipio.

Consultado por El Tribuno, Zúñiga aseguró que será la Municipalidad quien realizará la compra. "Obviamente que le pedimos los fondos a la Nación presentando el proyecto aprobado", señaló.

Además, indicó que "por contrato no está determinado que tenemos que tener una geomembrana. En un artículo del pliego dice que la impermeabilización la tenemos que hacer con arcilla".

Sobre la objeción del Tribunal de Cuentas en cuanto a la financiación de la membrana señaló: "No tengo esa información".

El juez Domínguez, quien lleva adelante la causa por la denuncia de contaminación de los vecinos, le llamó la atención a Agrotécnica Fueguina, empresa a cargo de gestionar el vertedero, por no haber presentado el estudio de impacto ambiental y el seguro que solicitó en febrero pasado.

"Estamos ante una exigencia legal", advirtió. Ante una intervención de Zúñiga, el magistrado consultó por qué el municipio "interactuaba", ante un requerimiento que se le hacía a Agrotécnica. "Necesitamos saber la forma polinómica para saber qué clase de seguro necesitamos", justificó el funcionario municipal.

Al estudio de impacto ambiental se suma el de línea de ribera para saber de dónde se obtendrá el suelo para el relleno de la nueva trinchera. Comenzar con los estudios llevará 30 días. "Estamos con los tiempos justos", reconoció Zúñiga.

Líquidos lixiviados

La mayor parte de la audiencia se centró en los líquidos lixiviados. Basándose en estudios presentados por la empresa Agrotécnica Fueguina, el químico Carlos Bonín, director general de Políticas Participativas de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, expuso un informe sobre los últimos cinco años. 
El funcionario municipal afirmó que no hay filtraciones de sustancias químicas en las napas hacia el río Arenales ni hacia el río Ancho. También destacó la trayectoria internacional de la empresa que realizó los estudios presentados por Agrotécnica Fueguina. 
“El estudio del CIF demuestra que se detectó contaminación en el agua”, advirtió el juez sobre otra causa que tiene a los mismos acusados pero por la contaminación del río Arenales. 
La respuesta del funcionario fue que “el Arenales viene contaminado desde antes de donde está el vertedero”, y recordó que en su anterior cargo en Ambiente municipal realizó 18 infracciones a Aguas del Norte por volcamientos de aguas cloacales en el río.
Aguas del Norte también fue señalada por la doctora Silvia Santa María, quien estuvo presente por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos. La funcionaria provincial acusó al Ente Regulador de inacción ante el pedido de sanciones contra Aguas del Norte por volcamiento de líquidos cloacales.
También por Recursos Hídricos estuvo Omar Zapata, jefe de Monitoreo Hídrico de Contaminantes, quien señaló que ante la negación de dos diferentes laboratorios para la realización de los estudios por enmarcarse en “cuestiones judiciales”, acudieron a Induser, la misma empresa que realiza los estudios para Agrotécnica Fueguina. El ingeniero señaló que para poder cumplir con el rol de policía, se ampliaron los puntos de estudios de metales pesados a 25 diferentes puntos para este año. Zapata indicó que estos estudios servirán para identificar “cuáles son las fuentes contaminantes sobre metales pesados”.
Ricardo Sepúlveda, abogado de Agrotécnica Fueguina, resaltó que el vertedero siempre se sujetó a las normas de ubicarse como mínimo a 500 metros de viviendas. “Hay un avance continuo, ocupas se acercaron a 450 metros al vertedero”, aseguró. 
Al finalizar la audiencia Domínguez dio un plazo de dos días -hasta el viernes a la mañana- para que “se concreten las peticiones del caso”. La posibilidad de una inspección ocular quedó en “análisis”, a pedido de alguna de las partes. 

Una audiencia con sabor amargo

Al finalizar la audiencia informativa solicitada por el juez de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, los vecinos denunciantes se reunieron en el hall de la Ciudad Judicial para coordinar los pasos a seguir.
Jorgelina Franco, vecina del barrio Solidaridad, quedó como única denunciante en la causa, pero representando a varios vecinos. “Me voy con un resultado amargo”, aseguró, acompañada por otros vecinos y dirigentes del Partido Obrero, como el ex diputado nacional Pablo López y la concejal Cristina Foffani. 
Franco advirtió además que observó cierta complicidad desde el municipio con Agrotécnica Fueguina. “Desde la Municipalidad se justificó la contaminación de la empresa”, indicó, al mismo tiempo que aseguró que seguirán hasta “las últimas instancias”. 
Mariel Nolasco es vecina del barrio Justicia, consultada sobre sus sensaciones pidió dejar en claro que ellos no están asentados. “Tierra y Hábitat nos dio esas tierras diciendo que el vertedero se cerraría en un año y ya pasaron seis”, explicó. “Hay vecinos que van a buscar comida al vertedero y me cuentan que la pileta con la que riegan los caminos, que dicen que no está contaminada, está verde. Son focos infecciosos”, aseguró ante la audiencia. Para Nolasco, todo lo que se habló “es mentira”. La vecina aseguró que los gases, la basura que vuela, los roedores y el polvillo con el que conviven se evitaría con el cordón forestal, árboles que deberían rodear el vertedero. La mujer además contó que hay niños con afecciones en la piel y hongos en la cabeza que hacen que “no vuelva a crecer el pelo”. 
El abogado que representa a los vecinos, Luis Segovia, hizo hincapié en la falta de documentación de la empresa. “El estudio de impacto ambiental y el seguro son requisitos básicos que deberían haber tenido. Lo dice la ley general del ambiente, no hace falta que esté en el contrato. En 20 años nunca la tuvieron”, aseguró. Los vecinos analizan qué pruebas nuevas solicitarán.