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El Registro del Automotor de la calle San Luis 574. Andrés Mansilla
Se reunirán hoy desde las 16 en el monumento a Gemes para firmar un petitorio que enviarán a Buenos Aires.
17 DE Agosto 2018 - 00:00
Los trabajadores de los registros del automotor y motovehículos, y mandatarios o gestores de Salta temen perder sus empleos. Por este motivo se reunirán hoy a las 16 en el monumento a Gemes.
Recientemente se conoció mediante el Boletín Oficial de la República Argentina que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, decretó que la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente posible.
En algunas entidades y jurisdicciones dicho sistema regirá desde ahora y en otras desde el 1 de enero de 2019.
En la capital salteña hay siete Registros del Automotor. En el edificio de la calle San Luis 574, por ejemplo, trabajan siete empleados. En el interior de la provincia hay sedes en Metán, Tartagal, Orán y Cafayate. "Con la modernización que decreta el Estado, la digitalización o despapelización, lo que pretenden, en teoría, es cerrar los Registros del Automotor, es decir, que quedaríamos eventualmente sin trabajo desde el funcionario público a cargo, hasta nosotros los empleados", manifestó una trabajadora, quien prefirió no dar a conocer su identidad por temor a represalias.
Los trabajadores expresaron su desacuerdo con el nuevo sistema GDE. "Será todo digital. El error que comete el Gobierno es no tener en cuenta las realidades diferentes, variadas que hay en el país. Hay personas a las que les cuesta manejarse digitalmente y en las localidades lejanas como Iruya o San Antonio de los Cobres hay poco o nulo acceso a la tecnología", sostuvieron.
La situación también afecta a gestores. "En Salta hay más de 200 gestores, quienes dependen de la apertura de los registros para tener trabajo. Imaginen la cantidad de gente que se va a quedar sin su fuente laboral. Es realmente algo estremecedor", recalcó la trabajadora.
La joven explicó que en el país hay 1.500 registros, cada uno posee de 3 a 15 empleados según el lugar. "Haciendo un promedio, son 13.000 personas que van a quedar en la calle si se cierran los registros, pero si también tenemos en cuenta gestores matriculados o mandatarios, más los empleados del Registro y de Dirección Nacional. son un total de 30.000 personas", sostuvo.
Los empleados de los registros de la provincia se reunirán a partir de las 16 en el monumento a Gemes. "Mediante esta reunión que convocamos queremos darle nuestro apoyo a los compañeros de Buenos Aires que marcharán el 29 de agosto próximo a las 15, hacia el Ministerio de Justicia de la Nación para entregarle un petitorio al ministro de Justicia, Germán Garavano, para pedirle por las fuentes de trabajo de todos", hizo hincapié.
"Queremos hacernos visibles, que la gente sepa sobre la gravedad de esta situación y se difunda par evitar que esto suceda en otros sectores", añadió.
Estructura
Los registros tienen una estructura de trabajo en la que hay un encargado interventor, un encargado suplente, uno interino que puede estar o no, ya que no es obligatorio, y empleados que realizan diferentes tareas.
"El Ministerio de Justicia es de quien dependemos en este momento. La Dirección Nacional es la institución que nuclea a todos los registros del país. Hay gente que trabaja en la Dirección Nacional pero no depende del Estado sino de otros organismos como, por ejemplo, Acara. Los empleados de registro no dependemos del Estado sino del funcionario público que esté a cargo del Registro, es decir, el Registro del Automotor es una institución híbrida porque por un lado depende del Ministerio de Justicia de la Nación pero por otro vendría a ser como algo privatizado para el funcionario público que lo tiene a cargo", explicó detalladamente la joven trabajadora.
"Nosotros estamos considerados colaboradores del funcionario público. Ni siquiera tenemos título de trabajador o empleado", agregó.
"Pretenden dejarnos afuera. Los registros realizan trámites que van desde los 600 a 50.000 pesos. La caja mensual es muy abultada y la anual, ni hablar. Aquí también hay un trasfondo que tiene que ver con un "tironeo" por la recaudación. Hay millones de por medio y una puja entre el Ministerio de Modernización y el de Justicia, al que pertenecemos desde el inicio de los registros. Para peor no tenemos sindicato. Es algo triste. En estos años hubo gente que intentó formarlo pero no alcanzó la personería gremial. Estamos indefensos, no tenemos quién nos defienda", culminó la trabajadora.
AFIP, de paro
Los empleados de la AFIP realizaron un paro nacional por lo que las oficinas ubicadas en la calle Deán Funes 190 permanecieron cerradas ayer. Así lo resolvieron unos 3.500 delegados en una asamblea general encabezada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) en la sede central del organismo recaudador, a metros de Casa Rosada.
El gremio que representa a los 16.000 empleados del ente recaudador rechazó "el ajuste ilegal sobre los salarios que hizo Leandro Cuccioli mediante la disposición 204/2018 y la propuesta salarial a la baja", según expresaron.
El secretario general de AEFIP CGT, Guillermo Imbrogno, aseguró que "bajo ningún punto de vista los trabajadores convalidarán una violación" al Convenio Colectivo de Trabajo y criticó con dureza a Cuccioli.
En este escenario, Ramiro García Salado, secretario adjunto de la seccional noroeste, indicó que el recorte es de entre el 17 y el 20 por ciento. El gremialista resaltó que la situación que se sufre en Salta es la misma que en el resto del país y que el acatamiento fue total en la provincia.