El nuevo Código Penal iba a ser la forma en la que el gobierno buscaba tranquilizar a quienes impulsaron la legalización del aborto, que naufragó en el Senado. 
El texto, según distintas voces del oficialismo, planteaba la despenalización de la práctica. Sin embargo, las diferencias entre el ala política del Ejecutivo y los especialistas que redactaron el proyecto llevaron a suspender (por tercera vez) la presentación oficial, que quedó relegada al menos hasta principios del año que viene.
En el arranque de un año electoral, llegar a un consenso con la oposición en temas como ese y otros (consumos de droga, recuperación de dinero de la corrupción, etc.) se plantearía como una batalla épica con pocas chances de terminar en victoria para Cambiemos. 
El camarista Mariano Borinsky, quien está a cargo del equipo que trabajó en la redacción, aseguró en declaraciones radiales que se enteró de la nueva suspensión por un mensaje de texto que le envió el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Allí le explicaban que por decisión de la jefatura de Gabinete, el evento quedaba pospuesto hasta nuevo aviso. "Supuestamente, la suspensión es para lograr mayores consensos en el tema aborto. Nosotros consideramos que el Código que presentamos contempla todos los intereses constitucionales en juego. No es que antepusimos una ideología", dijo Borinsky, quien sin embargo aclaró que el texto no eliminaba las penas a quienes se practiquen un aborto, sino que mantenía la legislación actual y dejaba una posible condena (siempre excarcelable) a decisión del juez.
"En el nuevo Código iba a seguir siendo una conducta ilegal, pero la comisión, tratando de amalgamar todos los derechos constitucionales en juego, hemos tomado cuestiones de ambos grupos (por los pro vida y pro aborto legal)", manifestó. "En los casos de abuso sexual y peligros para la muerte, que son los que introduce la Corte Suprema de Justicia, al estar en la letra de la ley ya no va a ser más necesario tramitar un expediente judicial", aseguró.

Corrupción

El otro tema que genera diferencias dentro del oficialismo, y que es rechazado por la oposición, es el de la recuperación de dinero que funcionarios públicos ganaron con la corrupción. En el Senado se debate actualmente el proyecto de extinción de dominio con ese fin, según publicó Crónica.
En diálogo radial, el juez de Casación precisó que el artículo 24 del proyecto platea que "el Estado puede actuar obteniendo la devolución ese dinero" producto de la corrupción, "sin la necesidad de esperar la condena judicial". Allí radica la principal división del oficialismo y el peronismo federal.

El bloque de Miguel Pichetto sostiene que sólo se debería confiscar el dinero si hay una condena, ya que de lo contrario se habilitaría a quitarle los bienes a cualquier acusado sin que medie una sentencia judicial en su contra.