A casi cinco años de las muertes en un incendio forestal de Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27), sus familiares empezarán a ver recién desde mañana un primer avance en el camino hacia la verdad, lo que tanto tiempo esperaron de parte del sistema judicial salteño desde sus irrecuperables pérdidas.

Desde las 8.30 de este martes, en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Salta, se realizará la primera audiencia de debate en la causa conocida como "la tragedia de Guachipas". Estarán en el banquillo de los acusados Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, quienes estaban en los puestos jerárquicos de Defensa Civil de la Provincia cuando fallecieron por carbonización los cuatro agentes de ese organismo. Se los acusa del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, una figura mucho más leve que la de homicidio culposo que habían planteado parte de los familiares de las víctimas, quienes también solicitaron ampliar las imputaciones a funcionarios de rango más alto, pero sus pedidos fueron, por ahora, desestimados.

También se juzgará la responsabilidad civil de la Provincia en la tragedia, por lo que la Fiscalía de Estado también participará en el juicio en el sector de la defensa para tratar de evitar pagos indemnizatorios.

Las audiencias se extenderán hasta el 31 de octubre. El juicio estará a cargo del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino. La parte acusatoria estará representada de parte del Ministerio Público Fiscal por Mónica Poma. En la querella por el lado de las familias estarán los abogados Fernando Teseyra, Marcelo Arancibia y Carlos Humberto Saravia.

La principal acusación que recae sobre Ola Castro, Durnelli y Dagum es por disponer a un equipo de cuatro brigadistas, dos de los cuales estaban contratados para mantenimiento de espacios públicos, sin los elementos de seguridad básicos ni el apoyo necesario para combatir un incendio forestal de gran magnitud que había iniciado el 11 de octubre de 2014 en el paraje La Junta, en Guachipas. El equipo partió hacia esa zona en la tarde del 27 del mismo mes y al día siguiente, el 28, fue cuando se vieron abrazados y sin salida por las fatales llamas en el cerro "El Acheral".

"La brigada no era brigada, había dos desmalezadores", dijo a El Tribuno Carlos Saravia, quien representa a los padres de los Albarracín y Valdez en el juicio. "No tenían ni plata para la comida, ellos comieron en la casa de una persona que gentilmente se ofreció el día anterior a la tragedia. Imagínese cuando hablamos del equipamiento cómo estaban", recordó el letrado. "No hubo un criterio uniforme ni eficiente para combatir el incendio", agregó.

Matías Daniel Vilte y Mauricio Valdez estaban contratados para limpiar espacios públicos en la capital y no para combatir incendios con la cuadrilla forestal que Defensa Civil mandó a las serranías donde murieron calcinados. Las otras dos víctimas que fallecieron sin oportunidad de escapar del fuego tenían cinco años de servicio y capacitación específica. Eran el encargado de la cuadrilla, Víctor Ferreyra, y Martín Albarracín, quien con su celular pudo grabar las imágenes de su pavorosa muerte, que son una de las principales pruebas de que lo que pasó no fue un accidente.

Insólitos tropiezos y demoras en el caso    

La investigación por la muerte de los cuatro agentes de Defensa Civil en la serranías de Guachipas durante un incendio forestal tuvo tal cantidad de idas, vueltas y demoras que para hacer una crónica de todo lo que sucedió con el expediente de la tragedia desde el 28 de octubre de 2014 se necesitarían varias páginas.

En un comienzo, la investigación fue dirigida por el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, quien, en un trámite express, decidió archivar las actuaciones.

El caso volvió a abrirse luego de que El Tribuno publicó, a pedido de los familiares, el video que Martín Albarracín grabó con su celular segundos antes de que las llamas lo abracen junto a sus compañeros en el cerro El Acheral. Fue tan defectuosa la intervención de Portal que nunca hizo un peritaje del celular del brigadista. Si bien el aparato estaba derretido, la memoria interna conservaba las imágenes de las pavorosas muertes. Fue el hermano de Albarracín quien descubrió ese archivo que dio vueltas por todos los medios del mundo.

Portal renuncia a la investigación tras el pedido de un jury en su contra que nunca prosperó.
El caso pasó luego a manos de las fiscales Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma, quienes en mayo de 2016 imputaron a los tres funcionarios de Defensa Civil que desde mañana serán juzgados por presunto incumplimiento a los deberes de funcionario público, carátula con gusto a poco para los familiares. 
La elevación a juicio fue ordenada en septiembre de 2017 y desde allí se interpusieron numerosas trabas administrativas para impedir que el juez Diego Rodríguez Pipino ponga fecha para la audiencia de debate. Muchas de esas demoras se originaron en actuaciones de la fiscal de Estado, Pamela Calletti.