Funcionarios del Ejecutivo provincial plantearon la importancia de la mediación prejudicial y obligatoria, y consideraron que esta debe ser una política de Estado. Este tipo de resolución alternativa de conflictos rige en Salta desde fines de 2010, por la Ley 7.324.

Ayer en el Centro Cívico Grand Bourg hubo un conversatorio sobre mediación, organizado por la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, en el que periodistas hicieron preguntas a funcionarios y expertos de Salta y de otras provincias.

Antes de que comenzara el encuentro y a días de las elecciones provinciales, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, expresó: "Es importante que esta herramienta tenga continuidad, porque es un instrumento de pacificación social, una forma de acceso a la Justicia y representa un alivio para la tarea judicial".

Según información oficial, desde 2010 hubo en Salta 100 mil mediaciones comunitarias en los centros que dependen del Gobierno. A eso se suman las privadas, las del Poder Judicial y las del Ministerio Público Fiscal.

En estos nueve años, el 60 por ciento de los conflictos que llegaron a esta instancia se resolvieron por el acuerdo de las partes. Una encuesta de satisfacción reveló que el 96,71 por ciento de los usuarios recomendaría esta alternativa.

Los 72 centros de mediación comunitaria que hay en Salta dependen del Ejecutivo y atienden de manera gratuita. Acceden a ellos las personas cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. En las localidades donde no hay centros de mediación privados no se tienen en cuenta los ingresos económicos.

Gustavo Skaf, subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la Provincia, consideró que la mediación debe seguir siendo prejudicial y obligatoria. Dijo que "10 años para una institución es casi nada", y que hay que sostenerla: "Por un buen tiempo tenemos que seguir con estas muletas culturales para asentar este sistema".

"No podemos avanzar sobre un cambio cultural rápido, si no hacemos que la gente la conozca", expresó, y mencionó que "la mediación es algo muy nuevo, que avanza a una velocidad impresionante y crece de manera asimétrica".

Lorena Rotella, mediadora del Poder Judicial de Tucumán, manifestó que en la provincia vecina están en alerta porque hay un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Civil y Comercial, en el que se sacó el inciso relativo a la mediación prejudicial obligatoria.

"La cultura del litigio tiene siglos y la mediación es muy nueva. Lo que queremos hacer con la mediación es una contracultura. Llevamos tantos siglos de ver al otro como un adversario, que necesitamos la obligatoriedad", pronunció.

Carina Iradi, secretaria de Justicia de Salta, planteó que en las facultades de Derecho casi todo se piensa en función del litigio y que la mediación se ha introducido hace muy poco tiempo. "Necesitamos estas medidas protectivas del sistema. Estamos acostumbrados al litigio, a que el problema lo resuelva otro", manifestó.

La funcionaria consideró que "la mediación es más exitosa por resultados que a veces no se miden". "Que las personas digan que recomendarían la mediación al 100 por ciento o "No llegué a un acuerdo, pero mi vida cambió después de la mediación' son satisfacciones grandes", aseguró.

Skaf mencionó que en Salta, más del 80 por ciento de las mediaciones tienen que ver con problemas familiares.

Iradi explicó que esta es la problemática más recurrente y por lo que la gente necesita una solución más rápida. Analizó que en muchos casos se trata de familias que están en situaciones de vulnerabilidad.

La secretaria reconoció que en los centros de mediación comunitaria no hay intérpretes para pueblos originarios ni para personas sordas.

Casos de violencia

La Ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, de 2009, prohíbe las audiencias de mediación o conciliación en casos de violencia de género. Sin embargo, en Salta hubo planteos por causas de este tipo que se derivaban a mediación.

Al hablar sobre esto, Iradi manifestó que "no se media la violencia en sí misma, sino las situaciones conexas a toda la realidad, que es violenta", aclaró. Advirtió que el gran problema de la mediación es que tiene implícita la violencia.

Se refirió a los conflictos por deuda de alimentos, que constituyen una forma de violencia económica, y mencionó el programa de coordinación de parentalidad, que busca solucionar conflictos entre padres, cuando estos no se resuelven con sentencias judiciales. "Hay como un tabú con la violencia y esta está en todos los ámbitos", consideró.

Skaf dijo: "Todo lo que tratamos en mediación es violencia, como la económica".

"La mediación alcanza a todas las situaciones en las que estén involucradas relaciones humanas descompuestas, para recomponerlas", agregó.

Reclamos laborales

Ante planteos sobre precarización laboral de los mediadores comunitarios, el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Gustavo Skaf dijo que cobran un poco más de 12 mil pesos al mes por 16 horas semanales. “El sueldo es proporcional a esa cantidad de horas. Sería equivalente a un sueldo común y habitual”, aseguró. Los 72 mediadores son monotributistas. “Es una modalidad adecuada a la tarea”, consideró.