El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy diez medidas centradas según explicó, en "fortalecer el orden público y resguardar la seguridad ciudadana", pero no hizo referencia a una posible reforma constitucional, como exigen gran parte de la oposición chilena y miles de personas en las calles desde hace tres semanas. Además, muchos interpretaron que las medidas anunciadas apuntan a profundizar la represión de las protestas que tienen paralizado al país trasandino por demandas históricas a las cuales desde el gobierno han hecho oídos sordos y contestado con extrema violencia.

El mandatario anunció que convocaría al Consejo de Seguridad Nacional (CoSeNa) y presentó un paquete de medidas "de seguridad" para castigar más fuerte la protesta social. Anunció también el tratamiento de tres proyectos legislativos centrados en las fuerzas de seguridad del Estado: uno para crear un estatuto de protección, otro para modernizar el sistema de inteligencia y un tercero para modernizar a la Policía.

El CoSeNa está compuesto por: presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Director de Carabineros y el contralor General de la República. Pueden asistir, si es que así lo solicita el Presidente, los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Hacienda y Economía.

Las medidas penales solicitadas, por otro lado, son:

• Proyecto de ley “antisaqueos” para endurecer las sanciones para quienes cometan delitos de robo o daños en el contexto de calamidades naturales o aprovechando las multitudes.
• Discusión inmediata al proyecto de ley “antiencapuchados”, que se presentó durante el primer gobierno de Piñera. Esta regulación busca dar una mayor sanción contra quienes cometan desordenes “escondiendo su identidad con una capucha”, aseguró.
• Patrocinar y darle urgencia al proyecto de ley presentado por un grupo de diputados para sancionar como delitos los desordenes que se cometan en la vía pública mediante la utilización de barricadas.
• Crear un equipo especial de abogados desde el Ministerio del Interior para interponer causas judiciales y querellas para que puedan identificar, llevar ante la ley y sancionar a quienes cometan desordenes públicos.
• Creación de un equipo especial de policías que permita mejor trabajo de inteligencia preventiva, para analizar y anticiparse a los desórdenes, proveyendo información al Ministerio Público que permita mejorar la investigación penal de los responsables para ser sancionados por los tribunales de justicia.
• Duplicar la vigilancia aérea de las policías.
• Reforzar el sistema de denuncias que reciban Carabineros y la Policía de Investigaciones a través de una cuenta de correo y la “Comisaría Virtual”.
• Proyecto de ley que establece un estatuto de protección para fuerzas de orden, para “regular con mayor fuerza los atentados contra Carabineros cuando estos actos sean contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones”, aseguró el Presidente.
• Discusión inmediata al proyecto de ley que moderniza y refuerza el sistema nacional de inteligencia, señalando que “necesitamos fortalecerlo para tener mas información, más inteligencia y poder prevenir y combatir el vandalismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.
• Urgencia inmediata al proyecto de ley que moderniza las policias, el que ya fue aprobado en el Senado y debería ser discutido por la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer normas más exigentes para un mejor resguardo de los derechos humanos y de la probidad funcionaria.

“Estamos convencidos de que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de controlar y resguardar el orden público y proteger la seguridad ciudadana”, dijo Piñera en una conferencia de prensa en el Palacio de la Moneda.

Con el anuncio de esta nueva agenda de seguridad, el gobierno de Piñera pone el eje en la seguridad para recuperar la paz social y vuelve a evitar hablar sobre el cada vez más masivo debate sobre la necesidad de una reforma constitucional.

Según una reciente encuesta de la consultora Cadem, 87% de los chilenos quiere reformar la Constitución.

El estallido social en Chile comenzó el 18 de octubre y dejó 23 muertos y miles de heridos y detenidos. La Constitución vigente en Chile fue sancionada en 1980 y desde entonces, hasta 2017, fue objeto de una veintena de reformas.