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El abogado Nicolás Maggio intenta ingresar al edificio allanado de la ADP. Jan Touzeau
En el segundo día del trámite, no pudo ingresar el abogado de la tesorera Marita Cerezo. La causa está caratulada como supuesta administración fraudulenta.
16 DE Febrero 2019 - 00:47
Ayer las puertas de la Asociación Docente Provincial (ADP), de calle Juramento casi España, estuvieron cerradas ante la continuidad de los allanamientos ordenados por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Mónica Poma, tras la autorización del juez de Garantías II, Ignacio
Colombo. Esto en el marco de una investigación que lleva adelante la representante del Ministerio Público Fiscal por supuesta administración fraudulenta.
Fuentes judiciales confirmaron que la causa se inició por denuncias de los agremiados de la ADP, aunque no detallan los nombres.
La reja con candado en la sede sindical se volvió una constante este verano, aunque ayer hubo mucho movimiento dentro y fuera del edificio.
Docentes del interior llegaron a realizar trámites y encontraron el candado. Solo por una puerta del costado atendían unos policías de civil que explicaban la situación.
Los allanamientos comenzaron el jueves último a las 15 y terminaron a las 23 y continuaron ayer desde temprano. A las 8 llegaron efectivos policiales y funcionarios judiciales y a las 9 ingresaron en las oficinas que ya estaban con el candado por decisión de la Comisión Directiva.
En la lista de acusaciones hay desfalco, estafas, violaciones a los estatutos y las normativas vigentes, aprietes, hostigamientos y hasta privación ilegítima de la libertad. Es tanta la sospecha que hasta el allanamiento de ayer fue cuestionado. En la vereda de la Juramento estaba visiblemente contrariado el abogado Nicolás Maggio, quien representa a la tesorera del sindicato, Marita Cerezo.
Los funcionarios judiciales no dejaron ingresar a Maggio al allanamiento y en ese contexto el letrado habló con la prensa. La comisión directiva hoy se encuentra fracturada por lo que de un lado está Cerezo y del otro Argañaraz. Es por eso que Maggio ve como una “falta de sentido común” que él no haya podido estar en el allanamiento representando a una de las partes en este complejo conflicto.
“La señora Cerezo ya demostró la voluntad de entregar toda la información que necesita la Justicia. Entonces no veo argumento para que la Fiscalía no me deje ingresar a verificar el operativo de allanamiento. Nosotros queremos todo un proceso limpio sin vicios de nulidad. Yo atiendo especialmente la causa vinculada al fideicomiso Virgen de Urkupiña y ya dimos todo lo que hacía falta; ahora no que queremos que las documentaciones se crucen y para eso, para un mejor trámite, es necesario un abogado de parte”, dijo Maggio.
Como una forma de defensa, el abogado afirmó que la documentación y los elementos informáticos que se llevaron los investigadores corresponden al período 2013 - 2018.
“Marita Cerezo ingresó a la Tesorería el 28 de diciembre de 2017. Es decir que de todos esos años, en uno solo estuvo mi defendida”, aseguró.
Para tener una magnitud del dinero que se está hablando por lo bajo, se sospecha que sólo en la causa por el fideicomiso del plan de viviendas existiría un desvío de unos 100 millones de pesos.
Denuncias y cruces en el norte
El miércoles pasado hubo alboroto en Embarcación cuando las titulares de la ADP, Patricia Argañaraz, y de la Junta Clasificadora de Méritos, Sonia Alejandra Rolón, se encontraban junto a otros cuadros sindicales festejando un cumpleaños en una confitería de una estación de servicios.
En un primer momento acusaron al director de la escuela de Ballivián, Luis González, de amenazas con un arma de fuego, sin embargo esa acusación se cae ante las grabaciones de las cámaras del comercio. Fue el abogado del maestro, Javier Villagra, quien aseguró que tiene las filmaciones en donde demuestra que las “acusaciones son falsas”.
Lo que sí está documentado son los golpes que recibió Rolón, y esto por el pedido de certificación que solicitó la sumariante Gabriela Romero, de la Comisaría 43, al médico de Guardia del hospital San Roque.
Lo señaló Patricia Argañaraz, quien confía en la Justicia.
Argañaraz, la polémica sindicalista. Jan Touzeau
¿Pensó en renunciar? “No. Yo no me voy sin demostrar mi inocencia y la del grupo con el que trabajo. Hoy más que nunca necesito que se demuestre todo para cerrar muchas bocas”. Así, contundente se mostró ayer la polémica Patricia Argañaraz en la puerta de la ADP, mientras policías y personal del Ministerio Público realizaban un allanamiento a la sede sindical.
Argañaraz dialogó ayer con Somos Salta. Allí, la gremialista afirmó que “después de esto todos van a tener que salir a aclarar. Es fácil denunciar sin pruebas”.
Al tiempo que señaló: “Estamos a disposición de la Justicia”. Y aclaró que pesa sobre el gremio una denuncia de ilícitos, que no especificó cuáles, que fueron realizadas de forma anónima.
“Es hora de que respondan los que deben responder. Se está investigando la parte de Tesorería, y yo no soy la tesorera. Por ahí viene la cosa”, dijo de forma irónica. Argañaraz hacía alusión, sin decirlo, a Marita Cerezo.
Hasta hace pocos meses, ambas eran las caras visibles y las más poderosas dentro del gremio que nuclea a la mayoría de los docentes de la provincia. El tema es que se resquebrajó la relación entre ellas y ahora la comisión directiva está partida. Cerezo, junto a otros seis miembros de la CD, le montaron un gobierno paralelo a Argañaraz, y el sindicato está en llamas.
Las denuncias
En los últimos meses se dijeron muchas cosas de Patricia Argañaraz y hasta se la señaló como una persona que entregaba títulos truchos.
“Yo no doy títulos eso lo hace el Ministerio. No tengo que velar por los títulos truchos, sin embargo, hice denuncias en el Ministerio de Educación”, dijo la mujer.
Ante esto, apuntó a Educación al decir que ellos miran de costado, y no toman cartas en el asunto. Por este tema también señaló al personal de planta de la Junta de Calificaciones. Por otro lado, marcó inconvenientes en las designaciones de docentes que se realiza por estos días.