Entre otras acusaciones, Patricia Argañaraz, la titular del gremio docente ADP, está sospechada de haber actuado de manera conjunta con el Ministerio de Educación y la Junta de Clasificación (en donde hay 7 representantes gremiales y 3 del Gobierno) para beneficiar con cargos a personas cercanas al gremio e incluso a personas sin títulos.

Además, el propio hermano de la sindicalista la denunció penalmente por desfalco.

Al respecto, el jefe de Gabinete Fernando Yarade, aclaró que si bien no se "entrometen en cuestiones internas gremiales", el Gobierno buscará responsables y "transparentar la situación".

"La ministra (de Educación, Analía Berruezo) va a tomar decisiones en estos días. Ante cualquier irregularidad, el Estado no se va a ver perjudicado. El que tomó una decisión en contra del Estado va a tener que devolver hasta el último centavo con el que se haya beneficiado indebidamente", advirtió tajante el funcionario.

Yarade no solo incluyó a los desmanejos económicos en el deseo de "transparentar la situación", sino que también se refirió a las denuncias de procesos truchos para designar a docentes.

"Si hay una realidad que perjudicó al Estado, incorporando a personas indebidamente, tomaremos las medidas necesarias", aseguró.

Dijo que mediante una resolución que se dará a conocer en los próximos días, se "revisará cada uno de los casos para tomar las medidas necesarias".

Las últimas denuncias que se sumaron a la lista contra Argañaraz son por amenazas contra David Romero, vocal titular en tercer término de la Asociación Docente Provincial. Norma Colpari, de Tribuna Docente, pidió que a las paritarias asistan "delegados electos y con mandato de asamblea".