Ayer, luego de la conferencia de prensa en la que se informó sobre la crecida del Pilcomayo, el jefe de Gabinete de ministros, Fernando Yarade, se refirió a las próximas paritarias docentes. Indicó que estarían a la altura de los índices inflacionarios para este año.

Para el 2019, el Gobierno nacional prevé un 23 por ciento de inflación, si bien analistas de mercado creen que la cifra será más elevada. "Estará dentro de ese 23, dentro de lo que se prevé para una macroeconomía. Iniciaremos una ronda de diálogo intentando que no se pierda el poder adquisitivo", aseguró Yarade.

El funcionario destacó que la negociación del año pasado se dio en buenos términos y fue equilibrada. Espera lo mismo para la que se aproxima: "Vamos a hacer algo como el año pasado, con buen diálogo y entendimiento, donde nos encontramos con mucho criterio y un marco de entendimiento entre las posibilidades que tiene la Provincia y las necesidades de los docentes".

Si bien falta para que comiencen las rondas de diálogo entre funcionarios y gremialistas, las afirmaciones del jefe de Gabinete marcan la posición con la que se presentará el Gobierno ante los negociaciones.

Más allá de deslizar un porcentaje, Yarade no olvidó el actual contexto de negociación y abrió una ventana recordando que en las diferentes reuniones del año pasado, los números se fueron modificando. "El año pasado fue así, se preveía un 15 por ciento y se fue modificando en el tiempo. Nosotros entendimos que eso era parte de una realidad y nos juntamos no menos de 4 veces para modificar esos valores teniendo en cuenta que el año pasado fue malo para todos y hay sectores que han perdido trabajo como el comercio o la industria, que perdieron capacidad de consumo", advirtió.

Hoy, el salario mínimo de un docente es de 13.560 pesos, 20 por ciento más que el Salario Mínimo Vital y Móvil, pero por debajo de la canasta básica total para una familia tipo, que cuesta 25.493 pesos, según el Indec.

El aumento para los docentes durante el año pasado fue de 37,5 por ciento, mientras que la inflación anual fue de 47,6 por ciento y el aumento de la canasta básica fue de 52,9. Es decir, los porcentajes convenidos quedaron un diez por ciento de bajo de la inflación y más de un 15 por ciento por debajo de los aumentos de la canasta básica.

Lejos de la actitud positiva del funcionario sobre las negociaciones en las paritarias docentes, los gremialistas muestran una disconformidad que aseguran arrastrar desde el año pasado.

Ayer por la mañana, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) se reunió con sus afiliados porque no se ha llamado a paritarias pese a que no falta tanto para que comiencen las clases, el 6 de marzo. "La inflación ha licuado los salarios, no alcanza para nada, los docentes realmente están muy molestos con la forma en que se dieron los últimos porcentajes", señaló Sergio Coronel, secretario general de Sitepsa.

Las paritarias docentes de este año transcurrirán en medio de la polémica que desataron las denuncias por estafas y manejo irregular de fondos contra Patricia Argañaraz, titular del gremio docente ADP. Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que se tomarán medidas.

"Devolver hasta el último centavo"

Entre otras acusaciones, Patricia Argañaraz, la titular del gremio docente ADP, está sospechada de haber actuado de manera conjunta con el Ministerio de Educación y la Junta de Clasificación (en donde hay 7 representantes gremiales y 3 del Gobierno) para beneficiar con cargos a personas cercanas al gremio e incluso a personas sin títulos.

Además, el propio hermano de la sindicalista la denunció penalmente por desfalco.

Al respecto, el jefe de Gabinete Fernando Yarade, aclaró que si bien no se "entrometen en cuestiones internas gremiales", el Gobierno buscará responsables y "transparentar la situación".

"La ministra (de Educación, Analía Berruezo) va a tomar decisiones en estos días. Ante cualquier irregularidad, el Estado no se va a ver perjudicado. El que tomó una decisión en contra del Estado va a tener que devolver hasta el último centavo con el que se haya beneficiado indebidamente", advirtió tajante el funcionario.

Yarade no solo incluyó a los desmanejos económicos en el deseo de "transparentar la situación", sino que también se refirió a las denuncias de procesos truchos para designar a docentes.

"Si hay una realidad que perjudicó al Estado, incorporando a personas indebidamente, tomaremos las medidas necesarias", aseguró.

Dijo que mediante una resolución que se dará a conocer en los próximos días, se "revisará cada uno de los casos para tomar las medidas necesarias".

Las últimas denuncias que se sumaron a la lista contra Argañaraz son por amenazas contra David Romero, vocal titular en tercer término de la Asociación Docente Provincial. Norma Colpari, de Tribuna Docente, pidió que a las paritarias asistan "delegados electos y con mandato de asamblea".

Sueldos congelados

Los sueldos de los funcionarios y empleados de planta política continuarán congelados durante este año. Si bien a principios de enero el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, señaló que la medida que rigió durante el año pasado quedaría sin efecto, el congelamiento continuará vigente en 2019. "Resulta necesario dar continuidad a las medidas", señala un decreto que se conoció hace días. La medida, creada para "reducir el gasto público y lograr el equilibrio fiscal", según se informó, logró que el Estado provincial se ahorre 200 millones de pesos. El decreto alcanza a: ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, autoridades superiores y cargos políticos, entre otros.