La Asociación Docente Provincial (ADP) presentó ayer un pedido de jury contra un juez y una fiscal penal que intervienen en el amparo que interpuso la exsecretaria general del gremio Patricia Argañaraz, para solicitar la nulidad de la asamblea que la destituyó de su cargo.

Desde ADP consideran que ambos funcionarios penales son incompetentes para intervenir en una causa sindical.

El 27 de abril Argañaraz fue destituida y desafiliada de la ADP por el voto a mano alzada de una amplia mayoría de los docentes que participaron de la asamblea extraordinaria que se realizó en el complejo municipal Nicolás Vitale.

En esa jornada, los afiliados decidieron separar a la exsecretaria, investigada por supuestos desmanejos económicos. "Es obvio que ella está buscando distintas maniobras para volver al gremio cuando los dueños de casa, que son los afiliados, le dijeron basta. Lo calamitoso de esto es que se está intentando comprar voluntades de funcionarios superiores", manifestó la abogada de ADP, Liliana Hermosilla.

Ahora la Corte de Justicia decidirá si hay o no mérito para abrir un jury de enjuiciamiento. Mientras tanto, el amparo en cuestión quedó parado, con el juez recusado por prejuzgamiento y por parcialidad manifiesta y con el pedido de separación de la fiscal de la causa.

"Es la tercera maniobra judicial que intenta hacer. Las otras dos se presentaron donde corresponde, en la Justicia Laboral, ahí están los jueces independientes, que saben de asuntos laborales y le han rechazado las presentaciones", detalló la letrada.

Con todo esto, Hermosilla denunció que "se intenta hacer un juicio penal disfrazado de amparo, algo totalmente ilegal. Es evidente que trataron de comprar un fallo, al punto que a mí no me dejaron contestar la demanda ni presentar pruebas".

De esta forma, la representante legal de ADP describió que se siguió adelante con el proceso sin darle el derecho a defensa. "Hasta la fiscal llegó a dictaminar que era procedente la acción. Es ahí, en esa instancia, a punto de dictarse la sentencia, que tuve que gritar que el juez es incompetente", recordó Hermosilla sobre la audiencia realizada el 10 de mayo pasado.

Dijo la abogada que al tratarse de una causa sindical le corresponde un juez natural, según la Constitución Nacional, que es el fuero laboral. Cosa que considera se querría eludir. Primero Argañaraz había pedido una tutela sindical, que le rechazaron, y apeló en la Cámara Laboral 6 Sala 1. Después presentó un amparo en la Cámara Laboral 2. Por último, Hermosilla advirtió: "En el fuero penal me quisieron tender una trampa".

Se investiga toda la gestión 

La gestión de Patricia Argañaraz, extitular de la ADP, acusada de supuesta administración fraudulenta está siendo investigada por la Justicia tras la denuncia de la docente Cinthya Vuistaz. 
“Se está investigando todo el período 2013- 2018, es decir, desde que murió (Virgilio) Choque y ella quedó en su reemplazo”, señaló la patrocinante legal de ADP, Liliana Hermosilla.
El escándalo empezó a comienzos de año. Luego vinieron los allanamientos, a mediados de febrero, en las oficinas del gremio en calle Juramento 99. Entonces, se secuestraron documentos y material informático. 
En medio de la polémica, Argañaraz quedó sola. El resto de la comisión directiva se cerró y deslindó responsabilidades con el argumento de que ella “no rendía las cuentas”. Hasta el momento no trascendió cómo avanza la causa a cargo de la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos. 

Se va “normalizando”

Tras la destitución de Patricia Argañaraz de la ADP, la actual secretaria general, Viviana Figueroa, aseguró recientemente en declaraciones radiales que los servicios que brinda el sindicato ya fueron normalizados. “Estamos tratando de reorganizarnos en todos los aspectos y los servicios vinculados al sector gremial y social, por lo que estos ya fueron restablecidos”, dijo Figueroa. 
Sobre el pedido de una nueva asamblea, solicitada por un grupo de docentes para destituir a toda la actual comisión directiva, Marta Oviedo, miembro de ADP, comentó que la solicitud será respondida por la apoderada legal del gremio en el transcurso de la semana.