A partir de hoy y con mucha expectativa y dudas comenzará a implementarse de forma gradual en Salta y Jujuy el nuevo Código Procesal Penal Federal.

A partir de este nuevo Código se instala en la Justicia Federal el sistema acusatorio, según el cual el fiscal asume la investigación. Este sistema ya es conocido en este sector del país, ya que la Justicia provincial salteña lo aplica desde junio de 2012.

El cambio implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles.

El sistema acusatorio asegura la división de roles entre jueces y fiscales. La investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual descansará la promoción de la acción penal contra los autores y partícipes de un hecho criminal. Todo deberá ser probado, luego, en un juicio oral y público.

A partir de este nuevo modelo se busca menos formalidades, mayor simplicidad, celeridad, publicidad y respuestas concretas para una administración de justicia de cara a la sociedad, objetivo que se espera lograr con cambios e innovaciones incorporados en este nuevo código.

El nuevo Código Procesal fue creado en 2014, luego modificado en 2018 y finalmente promulgado en enero pasado.

Nuevos roles

La unidad fiscal tendrá a cargo la dirección exclusiva de los casos, definirá estrategias de investigación y podrá armar equipos de trabajo multidisciplinarios con diferentes áreas especializadas de la Procuración General de la Nación.

Entre otros aspecto, se contempla la creación de equipos de trabajo integrados por fiscales federales y provinciales, como así también la coordinación de tareas con las fuerzas de seguridad y autoridades de diversas jurisdicciones.

El juez, por su parte, garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal y controlará que se respeten las garantías constitucionales. También el juez o el tribunal, luego de la celebración del juicio en el que el fiscal y la defensa argumentarán sus casos, será quien decidirá si corresponde o no la aplicación de una pena.

El nuevo Código permite concentrar los esfuerzos y estrategias de fiscales en delitos de impacto social y de interés público. Así, se prevé que las "investigaciones preparatorias" no durarán más de un año desde el acto de formalización de la investigación, y en casos de delitos complejos se podrá extender hasta tres años. Los procesos serán orales -se dejarán de lado los expedientes- y cada parte formará legajos del caso.