La Justicia Federal de Salta abrió una investigación que tiene a Transporte Urkupiña, una de las empresas de colectivos que atienden líneas en el interior de la provincia, acusada de defraudar al Estado nacional con millonarias sumas en subsidios cobradas por servicios no prestados.

La denuncia, según trascendió, fue presentada en abril por uno de los directores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). El organismo, sin embargo, mantiene las compensaciones a la firma en los mismos niveles desde comienzos de año, cuando la asignación, el control y el pago de las compensaciones al sistema de transporte público de pasajeros (CST) quedaron bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que los cupos de gasoil a precio diferencial.

Fuentes cercanas a la causa señalaron a El Tribuno que el fiscal Eduardo Villalba requirió a la AMT un informe general de las líneas permisionadas y un expediente que contiene la última declaración jurada que Urkupiña presentó en noviembre de 2018.

En ese documento, exigido por la resolución 201 de reordenamiento del transporte, el titular de la empresa denunciada, Rubén Severich, detalló ante la AMT los recorridos cubiertos por Urkupiña al 1 de abril de 2018. En la declaración jurada, brillaron por su ausencia dos líneas por las que la firma siguió cobrando los subsidios liquidados por el Ministerio de Transporte de la Nación hasta fines de 2018.

De hecho, hasta el día de hoy, Urkupiña conserva los beneficios irregulares. La AMT no informó la situación irregular al organismo nacional y sigue pagando a la empresa compensaciones que debería haber suspendido.

A diferencia del sistema de Saeta en el área metropolitana de Salta, las empresas del interior prestan el servicio público de pasajeros con permisos que empezaron a vencer en 2013 y que aún no fueron renovados. 

Blanco sobre negro

Desde mayo de 2013, cuando se quedó con los servicios que prestaba TAEB, Urkupiña percibió subsidios nacionales (SISTAU, CCP y Cupo de Gasoil Subsidiado) por tres líneas regulares del norte: Orán-La Ramadita; Salvador Mazza-General Mosconi y Salvador Mazza-Tartagal. Desde hace un tiempo, empresas del sector, la Cámara de Transporte de Salta y legisladores norteños insisten en que el único recorrido efectivamente prestado es el de Salvador Mazza-Tartagal.

La declaración jurada que pidió el fiscal Villalba es una evidencia concreta de que, a abril de 2018, Urkupiña solo atendía una de las tres líneas subsidiadas en el norte. No obstante, desde ese mes y hasta octubre de 2018, cuando la administración nacional le aplicó una penalización por faltas técnicas, Urkupiña percibió $8.903.598 por el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y otros $29.605.735 por el régimen de Compensaciones Provinciales Complementarias (CCP). Además, recibió 553.000 litros de gasoil a precio diferencial, por los que sumó $16.590.000 más en su cuenta.

Las líneas no prestadas representan aproximadamente un 36% del total de los subsidios liquidados, por lo que se calcula una presunta defraudación al Estado nacional por $20 millones solo en el período de siete meses que el fiscal Villalba puso inicialmente bajo la lupa.

La causa deja abiertos interrogantes sobre la legalidad de los subsidios nacionales que la empresa embolsó antes del 1 de abril de 2018, como así también de las compensaciones que lleva cobradas este año.

No es éste el único aspecto que espera revisiones administrativas urgentes y un debido esclarecimiento judicial.

Inequidad en el reparto

Mientras Urkupiña concentra más del 31% de los subsidios distribuidos entre las líneas provinciales, otras empresas atienden zonas desfavorables sin la Compensación al Sistema de Transporte (CST). Es el caso, por ejemplo, de Río Pilcomayo, firma que presta el servicio a Santa Victoria Este, uno de los municipios con mayores índices de pobreza de Salta.

El 12 de mayo último El Tribuno informó que en los servicios urbanos de El Bordo, Campo Santo y Güemes se subsidian más pases libres estudiantiles que en las ciudades más pobladas del interior: San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal.
En los tres municipios del Valle de Siancas la operadora es Transporte Urkupiña. 

En el informe periodístico se hizo notar que en El Bordo, localidad que tiene una matrícula de 1.800 alumnos en todos sus establecimientos educativos, hay más de 2.500 estudiantes supuestamente beneficiados con los pases libres que subsidia la Provincia con fondos públicos.

Las incongruencias relucen no solo en las matrículas escolares, sino también en las flotas. Los pocos colectivos que Urkupiña tiene en servicio en el departamento Güemes resultan a todas luces insuficientes para trasladar a los establecimientos educativos las cantidades de estudiantes declaradas. Desde 2014 los municipios fueron los que elevaron los listados de beneficiarios a la Comisión Provincial de Regulación del Transporte (CPRT), dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia. Un exfuncionario de ese organismo, el abogado Oscar Alberto Cruz, está imputado por cohecho desde 2016 en la Justicia de Orán. En esa causa hay constancias de que Cruz adquirió una flamante camioneta Toyota Hilux con cheques que libró el dueño de Urkupiña, Rubén Severich.

El exfuncionario de Transporte se desempeña actualmente como asesor legal de la firma denunciada y aparece ligado también a otra empresa de colectivos, San Francisco, que Severich registró en 2016 en Salvador Mazza.

Participación en subsidios

• 31,7 por ciento es la participación de Urkupiña en el reparto de subsidios a las líneas provinciales del interior.
• 25,24 por ciento es la participación de San Antonio. Siguen Ale Hermanos (19%), La Veloz (17%) y Fénix (5,87%).
• 1,54 por ciento  es la participación de El Chaqueño, empresa que cubre el servicio regular desde la capital salteña a la localidad de Rivadavia Banda Sur. 

Un servicio fantasma

En el marco del traspaso de los subsidios, el Gobierno nacional emitió dos resoluciones: la 1085 y 1086. En esos instrumentos se estableció que, desde el 1 de enero de 2019, las empresas recibirían mensualmente el promedio de lo que cobraron en 2018 en concepto de CCP, Sistau y Gasoil.

Este punto es clave en el caso de Urkupiña, porque la AMT le paga las compensaciones desde comienzos de año, en base a las citadas resoluciones, sin atender la irregular situación denunciada en dos de las líneas que tiene subsidiadas en el norte provincial.

En los primeros días de 2018, el Juzgado Federal de Tartagal abrió una causa por los subsidios que la empresa cobró por la línea Orán-La Ramadita. En ese expediente, la Cámara de Transporte de Salta acreditó pruebas de que ese servicio no se presta.

La declaración jurada que la propia empresa entregó ante la AMT, en noviembre de 2018, es otro elemento probatorio que la Fiscalía Federal 2 de Salta tiene ahora bajo la lupa en otra denuncia por defraudación al Estado nacional.

El Tribuno consultó a vecinos de Pichanal que trabajan en la zona de La Ramadita, sobre la ruta 5, y manifestaron que ni por asomo vieron allí un colectivo de Urkupiña.

Vuelta de almanaque

Hasta diciembre del 2018 el transporte público de pasajeros era subsidiado por el Gobierno nacional a través de tres programas: el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), la Compensación Complementaria Provincial (CCP) y el Cupo de Gasoil a Precio Diferencial.

El subsidio al gasoil arrancó a mediados de 2002. El Sistau se estableció en 2006. El CCP se sumó en 2007 como refuerzo.

Los criterios de distribución se ajustaron en base a diferentes parámetros: cantidad de colectivos en servicio, kilómetros recorridos, pasajeros transportados y agentes computables (empleados).

En 2013 los subsidios se congelaron, de modo que no podían incluirse nuevas líneas como tampoco nuevas unidades en servicio.

Desde el 1 de enero de 2019, como parte de los ajustes fiscales, el Gobierno nacional traspasó a las provincias y municipios la responsabilidad de subsidiar los servicios. En la ley del presupuesto de 2019 se creó un fondo especial que administra el Ministerio de Transporte y que atenúa en parte los desequilibrios financieros y las subas de boletos que aparejó la decisión.

La AMT unificó el Sistau y la CCP en lo que hoy es la Compensación al Sistema de Transporte (CST). A su vez, por el cupo de gasoil, las empresas empezaron a recibir $30 por litro desde enero. En abril la asignación que cubre parte del costo del combustible de los colectivos aumentó a $32.