Las 400 cajas de pollo que se pretendían donar el viernes pasado y que fueron saqueadas por cientos de personas en un negocio del macrocentro salteño eran un cargamento que había sido decomisado y se iba a destruir ya que no se podía probar su procedencia y los papeles que se habían presentado para justificar su origen estaban, aparentemente, adulterados.

Según información extraoficial pero de fuentes confiables a las que accedió El Tribuno, el decomiso de los 400 cajones de pollo se produjo el viernes 16 de agosto cuando un inspector del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) detuvo a un camión que intentaba ingresar la mercadería a la ciudad sin la documentación correspondiente.

El agente del organismo de control de la sanidad e inocuidad de los alimentos impidió que el transporte de la pollería continúe camino cuando advirtió que el precinto de las compuertas del camión estaba roto (en el transporte de alimentos, Senasa verifica la mercadería en el punto de origen y sella el camión y solo un agente del mismo organismo puede romper ese precinto para proceder a la descarga). Al solicitar la documentación a los responsables del envío, no se pudo justificar el ingreso de la mercadería a Salta, por lo que la carga quedó detenida en el expeaje.

Luego se averiguó que esa mercadería contaba con un permiso para ser transportada desde Entre Ríos a Jujuy, pero no había documentación que avale su ingreso posterior a Salta, como pretendía el chofer del camión, allegado al dueño de la pollería. No obstante, ante la insistencia de la persona que transportaba la carga, quien aseguraba que tenía el permiso y se había traspapelado, el agente le dio tiempo para buscarlo y, al cabo de varias horas la persona se presentó con un permiso que el funcionario sospechó adulterado.

 La convocatoria a retirar pollo hecha en las redes sociales. 

El documento de tránsito de los alimentos cuenta con un Código Único de Validación Electrónica (CUVE), que es un número al que cualquier barrerista de Senasa puede ingresar con un celular para obtener información respecto al lugar de origen y de destino de la carga, además de establecer un plazo de tiempo para que ese traslado se realice.

Ante la sospecha del inspector, se retuvo la mercadería y se informó a la Delegación Tucumán de Senasa, que es la cabeza de la Regional NOA, para que se investigue el caso.

Las averiguaciones confirmaron las sospechas ya que desde la sede Central, en Buenos Aires, afirmaron que efectivamente el CUVE era fraudulento porque ya había sido utilizado anteriormente y, en consecuencia, se ordenó el decomiso para destrucción de la carga por no poder garantizar la trazabilidad de esos alimentos.

El día del saqueo

El viernes 23, día de la "donación" que terminó en saqueo, una representante de la empresa, junto a un abogado, se presentaron en la sede del Senasa a preguntar por la mercadería, donde fueron informados que la misma iba a ser decomisada para su destrucción. Acto seguido, la mujer se retira del lugar y minutos después aparece la publicación en las redes convocando a comedores a buscar el pollo en carácter de donación para evitar que sea decomisado y destruido.

Pasado el mediodía un agente del Senasa, acompañado por un abogado del organismo, se presentaron en la empresa para proceder con el decomiso. La situación se habría tornado muy tensa ya que el dueño de la empresa se habría negado a firmar las actas de decomiso y rehusó prestar el camión para el traslado de la mercadería al lugar donde se procedería a la destrucción.

Las fuentes consultados aseguraron que esta difícil situación llevó al inspector a llamar al 911 y pedir apoyo policial ya que, al salir de la oficina donde se encontraban fueron agredidos física y verbalmente por empleados de la empresa, situación que llevó al letrado del organismo a abandonar la planta.

La empresa, contra Senasa

El propietario de la pollería que fue saqueada el viernes, Gustavo Castañares, responsabilizó por la situación a las autoridades y funcionarios del Senasa. 

Castañares aseguró que desde el organismo estaban determinados a decomisar la mercadería y se negaban a encontrar soluciones al conflicto que se había generado por la falta de documentación. Ante la falta de un acuerdo, decidió convocar a los comedores para gestionar que se done lo decomisado, pero admitió que no dimensionó el poder de las redes sociales y el efecto que iba a causar la medida adoptada.
 

En el medio, el riesgo para la salud pública 

El organismo nunca pudo comprobar la procedencia del pollo decomisado y el protocolo ordena la destrucción de los alimentos ante la sospecha de que pudieran no ser aptos para consumo.
La decisión de la empresa de convocar a comedores para donar alimentos que iban a ser destruidos lleva a dar por descartada una sanción por parte del organismo de control, que por el momento no emitió ningún comunicado ni dio indicios sobre las medidas que se van a tomar ante una situación tan delicada como la que se planteó por este decomiso obstruido que terminó en saqueo.