Desde hace más de dos décadas la frontera norte se ha convertido en escenario de los crímenes de naturaleza mafiosa más atroces. Este dramático fenómeno social tuvo su génesis en la zona cuando el narcotráfico comenzó a tomar la tonalidad muscular de un atleta que se prepara para la alta competencia.

Para sentar sus reales, lo que hicieron de entrada las organizaciones criminales fue marcar la cancha con tintas de sangre. Para demostrar que estaban dispuestas a todo los gangsters plantaron bandera frente al Estado y asestaron el primer golpe contra la principal fuerza de seguridad de lucha contra el narcotráfico. Fue todo un desafío, pero por sobre todas las cosas fue un mensaje de contenido mafioso, típico de las bandas que explotan esta actividad ilegal en todo el mundo.

Las víctimas fueron el subalférez Mario Adrián Reynoso, de 21 años, y el cabo primero Leocadio Saltos, de 36. Ambos fueron ejecutados a balazos por una banda narco en Salvador Mazza, a pocos metros de la frontera con Bolivia. Horas antes, el mismo grupo había acribillado a un cambista en la ciudad de Yacuiba, en el vecino país. A los gendarmes los asesinaron cuando trataron de interceptar un cargamento de 250 kilos de cocaína y al cambista por un ajuste de cuenta. El martes pasado se cumplieron 21 años de esos tremendos homicidios.

A partir de ese momento la frontera se recalentó con episodios de igual magnitud, donde la “guerra” entre las bandas criminales por el apetecible botín de la droga ha sembrado de cadáveres la zona. La venganzas y los ajustes de cuentas se convirtieron en moneda corriente. Un caso patético de esos feroces enfrentamientos ocurrió en octubre de 2012 en el paraje Campo Largo, donde tres salteños fueron cocidos a balazos por sicarios bolivianos. Como en otros sucesos de igual tenor esa matanza se mantiene impune.

La muerte violenta de Luis Alberto Nino, un panadero de Salvador Mazza, en 2017, también tuvo todos los ingredientes de un ataque con el sello de las bandas nacrocriminales. Los rastros del joven de 25 años se perdieron el 17 de mayo cuando salió, como todos los días, a repartir el producto en el auto del dueño de la panadería en la que trabajaba. 

El cadáver de Nino fue encontrado 10 días después en las afueras del pueblo. La autopsia determinó que había sido enterrado vivo en un pozo de 1,20 metro de profundidad. “La muerte que tuvo este chico fue horrorosa”, graficó uno de los investigadores. Por las características del hecho era evidente que se trató de un crimen con el sello distintivo del narcotráfico.

Durante el juicio que se ventiló días pasados en los tribunales del Distrito Judicial Tartagal, un testigo declaró que Nino era un “transa”. En la jerga del narcotráfico “transa” es la persona que se dedica a la venta de droga al menudeo en los barrios. Javier Calvimonte, uno de los imputados, reconoció que el repartidor de pan era su proveedor de marihuana. El proceso culminó con la condena a prisión perpetua a cuatro de los acusados por el delito de “homicidio triplemente calificado por ensañamiento y alevosía”. 

Más allá de la drástica sentencia, lo que no se pudo desentrañar fue el móvil del horrendo crimen. Lo que se advierte en casos como este es que cuando un cadáver despide olor a droga, la Justicia no ahonda en la investigación. Y es esa grieta la que alimenta el accionar y el poder de las mafias del narcotráfico.