Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 en su vivienda del barrio San Nicolás, en Vaqueros, con 41 puñaladas.

Desde la primera hora del crimen la única hipótesis que se manejó fue la de un robo. En mayo, tras asumir como procurador, Cornejo pidió el expediente y detectó 22 falencias en la investigación que llevaba 28 meses de empantanamiento.

La más grave fue la prematura entrega del cuerpo de la víctima para su cremación tras la autopsia. La autorización que Pablo Paz, fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, le extendió al esposo de la mujer asesinada, Nicolás Cajal Gauffín, dejó al Ministerio Público sin posibilidad de ampliar la pericia anatomopatológica.

Además, se omitió verificar, a través de cámaras de seguridad públicas y privadas, los recorridos y las actividades que Cajal declaró haber realizado el día del hecho.

Con la misma celeridad se le entregó a Cajal la vivienda donde mataron a su mujer, sin agotar la búsqueda de elementos de interés.

También le devolvieron el teléfono celular al viudo, sin que el CIF extrajera información de interés.

Del mismo modo, se omitió proceder en el secuestro de los equipos de comunicación de personas que, en vida, habrían amenazado, agredido o acosado a Jimena.

No se dispuso la detención ni el allanamiento de la vivienda de Sergio Vargas, tras su primera declaración, luego de que se advirtiera su conducta sospechosa en momentos concordantes con los del crimen.

Vargas está detenido desde el pasado 15 de junio, imputado por presunto "homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria".

Una testigo declaró que un hombre de su fisonomía llegó a su domicilio y le preguntó dónde vivía Jimena porque debía entregarle unas zapatillas que le había encargado para sus nenas.

Por otra parte, se descartaron líneas de investigación ante la no coincidencia de muestras de ADN, sin considerar que el o los autores materiales del crimen pudieron no dejar rastros genéticos en el lugar. La Fiscalía también recibió reproches por supuestas filtraciones de información sensible al abogado del ahora imputado viudo y la entrega de pruebas digitales a terceros.