Osvaldo Raffo, el forense más experimentado del país, repetía una y otra vez que los cadáveres revelan muchas más verdades que las personas vivas.

Con más de 50 años de carrera, en los que inspeccionó cientos de escenas del crimen y realizó cerca de 20.000 autopsias, el médico legista advertía que lo que no se esclarece en las primeras 12 horas es de muy improbable reproducción en los procesos penales posteriores. Por eso en marzo último, cuando se suicidó con 88 años cumplidos, se aseguró de aclarar con dos cartas que tomaba la decisión porque no aguantaba más los dolores que lo aquejaban por una enfermedad.

Abel Cornejo, el exjuez que asumió como procurador general de la Provincia en mayo último, se doctoró en ciencias penales y cursó tres especializaciones en medicina legal en las que "La muerte violenta", una obra de Raffo que criminólogos tienen como manual básico de cabecera, resaltó en los estudios de posgrado.

Por eso, cuando revisó el expediente de la estancada investigación del crimen de Jimena Salas, vecina de Vaqueros que fue asesinada con 41 puñaladas a plena luz de un día hábil el 27 de enero de 2017, el nuevo jefe de los fiscales se agarró la cabeza.

Cornejo detectó 22 graves falencias por las que el fiscal Pablo Paz fue desplazado de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Tras esa medida, otros tres fiscales también terminaron apartados de la causa. A la par, con la intervención del Consejo Asesor de Fiscales, cuerpo creado para evaluar la gestión del Ministerio Público, se abrió un sumario interno para determinar responsabilidades y definir eventuales acciones por mal desempeño.

Punto de quiebre

El pasado 26 de agosto, Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, fue detenido por un hecho de robo en la jurisdicción de la Comisaría Décima, del barrio Santa Cecilia, y murió dentro de un furgón policial.

La familia del joven publicó fotos y un video con imágenes y sonidos estremecedores. Gritos, lamentos agónicos y lesiones evidentes en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo de Gallardo complicaron la situación de cuatro policías que presuntamente le propinaron al detenido una feroz golpiza que desencadenó su fallecimiento. Rápidamente, una versión oficial sacó a relucir supuestos antecedentes convulsivos de la víctima, mientras que el informe preliminar de la autopsia indicó que su muerte se produjo por alguna "causa indeterminada".

Nada muy distinto a lo que se vio en otros casos con policías denunciados por apremios ilegales, torturas y gatillo fácil. Pero esta vez nebuloso informe de la autopsia molestó a tal punto al Procurador que dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) terminó descabezada.

Cornejo tomó las riendas de la estructura técnico-científica moldeada por su antecesor, Pablo López Viñals, designó a una comisionada, Ivana Flores, y empezó a gestionar una urgente reforma a la ley orgánica que dejó regularizado el funcionamiento del CIF el 15 de julio de 2011.

Ese mismo día las turistas francesas Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 22, fueron vistas por última vez con vida. Sus cuerpos aparecieron 14 días después en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo. Las jóvenes amigas que visitaban Salta en plena temporada de invierno vivieron un infierno: fueron golpeadas, violadas y ultimadas a tiros.

Mal comienzo

La data del doble femicidio que tuvo repercusiones internacionales fue estimada con diferencias escandalosas en la etapa inicial de la instrucción penal.

Ana María Vega, médica forence del hospital San Bernardo, determinó que las jóvenes murieron entre 48 y 72 horas antes del hallazgo de los cuerpos que fueron removidos el 29 de julio de 2011 en plena noche. Autopsias virtuales que se realizaron en Francia también ubicaron la data del crimen cerca del 26 de julio.

De todos modos, el juez a cargo de la instrucción, Martín Pérez, fijó la presunta fecha de las muertes el 15 de julio, o sea catorce días antes del hallazgo de los cuerpos. El magistrado se apoyó en un ticket de ingreso a la quebrada, encontrado en el pantalón de una de las víctimas, y en un informe biológico del CIF. Al momento de los peritajes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales recién salía de una polémica y aletargada etapa inicial. Había sido creado y estructurado por López Viñals un año antes mediante resoluciones que no se publicaron. En ese marco, algunas competencias y funciones asignadas a la estructura técnico-científica auxiliar del Ministerio Público se consideraban peligrosas para derechos y garantías personales.

En ese contexto, el Colegio de Abogados presentó una acción de inconstitucionalidad que puso al CIF contra la pared hasta julio de 2011, cuando la Ley 7665 regularizó su funcionamiento. El objetivo central era apoyar a las fiscalías penales con recursos técnicos y científicos propios, en el entendimiento de que “una intervención inmediata y adecuada en el hecho garantiza un más rápido y correcto esclarecimiento”. 

En la práctica, sin embargo, los presupuestos volcados en cargos, adecuaciones edilicias y tecnologías poco sirvieron ante causas en las que buena parte de la sociedad percibe que ganó la impunidad, que hay inocentes encarcelados y asesinos sueltos en las calles.

Luján y Yanina

Luján Peñalva y Yanina Nuesch aparecieron colgadas de una misma soga el julio de 2012.

Entre los expedientes que muestran serias grietas periciales, resaltan las dudosas muertes de Luján Peñalva, de 19 años, y Yanina Nuesch, de 16. Eran amigas y vivían en el barrio San Carlos de la capital salteña. Desaparecieron el sábado 14 de julio de 2012, al mediodía, y nada se supo de ellas hasta el atardecer del lunes 16 cuando toda Salta se estremeció con la noticia sobre el hallazgo de sus cuerpos.

Aparecieron colgadas de una misma soga en un árbol de un descampado de la zona sur, localizado a pocas cuadras de su barrio. En un primer momento, el hecho fue considerado un pacto suicida. La causa terminó archivada el 6 de febrero de 2014 y el Tribunal de Impugnación confirmó esa decisión dos meses después.

Los padres de Luján, contra viento y marea, insistieron en que su hija y su amiga fueron asesinadas. Con una serie de pericias realizadas por especialistas estadounidenses lograron que la causa se reabriera en febrero de 2018. Una reconstrucción mecánica y nuevas medidas de prueba expusieron serias inconsistencias en informes periciales del CIF y la hipótesis del pacto suicida empezó a girar hacia un probable doble femicidio.

Salas: una investigación plagada de falencias

Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 en su vivienda del barrio San Nicolás, en Vaqueros, con 41 puñaladas.

Desde la primera hora del crimen la única hipótesis que se manejó fue la de un robo. En mayo, tras asumir como procurador, Cornejo pidió el expediente y detectó 22 falencias en la investigación que llevaba 28 meses de empantanamiento.

La más grave fue la prematura entrega del cuerpo de la víctima para su cremación tras la autopsia. La autorización que Pablo Paz, fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, le extendió al esposo de la mujer asesinada, Nicolás Cajal Gauffín, dejó al Ministerio Público sin posibilidad de ampliar la pericia anatomopatológica.

Además, se omitió verificar, a través de cámaras de seguridad públicas y privadas, los recorridos y las actividades que Cajal declaró haber realizado el día del hecho.

Con la misma celeridad se le entregó a Cajal la vivienda donde mataron a su mujer, sin agotar la búsqueda de elementos de interés.

También le devolvieron el teléfono celular al viudo, sin que el CIF extrajera información de interés.

Del mismo modo, se omitió proceder en el secuestro de los equipos de comunicación de personas que, en vida, habrían amenazado, agredido o acosado a Jimena.

No se dispuso la detención ni el allanamiento de la vivienda de Sergio Vargas, tras su primera declaración, luego de que se advirtiera su conducta sospechosa en momentos concordantes con los del crimen.

Vargas está detenido desde el pasado 15 de junio, imputado por presunto "homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria".

Una testigo declaró que un hombre de su fisonomía llegó a su domicilio y le preguntó dónde vivía Jimena porque debía entregarle unas zapatillas que le había encargado para sus nenas.

Por otra parte, se descartaron líneas de investigación ante la no coincidencia de muestras de ADN, sin considerar que el o los autores materiales del crimen pudieron no dejar rastros genéticos en el lugar. La Fiscalía también recibió reproches por supuestas filtraciones de información sensible al abogado del ahora imputado viudo y la entrega de pruebas digitales a terceros.

La reforma que se viene

• El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), a partir de la reforma de su ley orgánica, será dirigido por una o un fiscal penal. 
• Se elaboran nuevos protocolos para optimizar pericias y habrá reuniones semanales para dinamizar la interacción entre especialidades científicas.
• Los procedimientos incluirían juntas médicas para la realización de autopsias.
• Habrá nuevos plazos para disponer la entrega de los cuerpos a familiares ante la decisión de cremación.
• Serán incorporados médicos legales en el interior, especialmente en el norte provincial donde debe cubrirse una demanda mayor.
• Las diferentes unidades de investigación del CIF operarán bajo el paradigma de un gabinete interdisciplinario. 
• Los gabinetes de Medicina Legal y Anatomía Patológica se integrarán al Departamento Técnico Científico y los de Psicología, Psiquiatría, Informática y Delitos Económicos deberán integrar el Departamento de Investigaciones.